Cámara de Diputados despacha al Senado reforma a Gendarmería
La iniciativa reconoce el rol estratégico de la institución en seguridad, la traslada al Ministerio de Seguridad Pública y establece cambios en su estructura, formación y régimen funcionarial.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado, en segundo trámite legislativo, la reforma constitucional a Gendarmería de Chile, iniciativa que busca incorporar formalmente a la institución dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El proyecto tiene como eje central el reconocimiento del rol estratégico que cumple Gendarmería en materia de seguridad pública, otorgándole —al igual que a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI)— la función de garantizar el orden público. Asimismo, la institución pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública.
En materia de estructura institucional, la reforma establece que el ingreso a las plantas y dotaciones solo podrá realizarse a través de las escuelas propias de Gendarmería, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. Además, se precisa que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales deberán efectuarse mediante decreto supremo.
En cuanto a la reinserción social, el texto mandata al Presidente de la República a enviar, dentro del plazo de 12 meses desde la publicación de la reforma, un proyecto de ley que cree un servicio especializado en reinserción, junto con las modificaciones necesarias a la Ley 21.730 —que creó el Ministerio de Seguridad Pública— y a la Ley Orgánica de Gendarmería.
Mientras dicho servicio no sea creado, Gendarmería continuará cumpliendo funciones de reinserción social, las que deberán ejecutarse conforme a las políticas y programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.
Respecto del régimen funcionarial, la reforma dispone la disolución de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. Si bien la Comisión de Constitución había propuesto una excepción para el personal civil, esta fue rechazada por la Sala. De igual forma, se eliminó una indicación que buscaba resguardar explícitamente los derechos adquiridos de los funcionarios, tanto uniformados como no uniformados.
Con su despacho al Senado, la iniciativa continuará ahora su tramitación legislativa en la Cámara Alta.
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