CEO de Camanchaca denuncia más de 200 robos a barcos pesqueros en el Biobío y alerta “impunidad insostenible”

El CEO de Camanchaca, Ricardo García Holtz, denunció públicamente una escalada de robos y abordajes ilegales a barcos pesqueros que operan en la Región del Biobío, calificando la situación como “insostenible y escandalosa”, en una extensa publicación realizada en LinkedIn.

Según expuso el ejecutivo, durante los últimos años las tripulaciones han debido enfrentar una realidad cada vez más grave y peligrosa: delincuentes que abordan las naves mientras se encuentran recalada o en plena operación, robando pescado y equipos, con un riesgo permanente para la vida y la salud de las personas. “No se trata de hechos aislados ni esporádicos, sino de una práctica delictual que se ha ido normalizando peligrosamente”, advirtió.

García Holtz detalló que solo en el caso de Camanchaca, durante los años 2024 y 2025 se han presentado más de 200 denuncias formales ante la Armada de Chile, a través de la Capitanía de Puerto correspondiente, por abordajes ilegales y robos a naves pesqueras. Lejos de disminuir, estos hechos habrían aumentado cerca de un 50% en el último año, lo que —a su juicio— demuestra que las medidas actuales no están siendo suficientes para disuadir ni contener esta delincuencia.

El CEO relató además un episodio reciente particularmente grave, ocurrido la semana pasada, en el que se denunció un nuevo abordaje apenas días después de un incidente con personas en riesgo vital. En ese caso, personal de la empresa incluso debió auxiliar a uno de los delincuentes, resguardando su vida y trasladándolo para recibir atención médica. Posteriormente, dicha persona se dio a la fuga, sin que hasta ahora existan antecedentes claros de sanciones o consecuencias efectivas. “Este hecho grafica de manera brutal el nivel de impunidad que se percibe”, sostuvo.

En su publicación, García Holtz enfatizó que este fenómeno no es un problema exclusivo de una empresa ni de un sector productivo, sino un asunto de seguridad marítima, protección de la vida humana y respeto al Estado de Derecho. Advirtió además sobre un riesgo adicional: los pescados robados son posteriormente comercializados para consumo humano sin ninguna garantía de inocuidad, lo que podría derivar en graves consecuencias sanitarias para personas que compran en el comercio ilegal o receptado.

“El país no puede sostener una actividad esencial como la pesca industrial y artesanal si quienes trabajan en ella lo hacen bajo estos riesgos constantes”, señaló, agregando que la normalización de estos delitos no solo pone en peligro a los trabajadores, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para ejercer su rol básico de seguridad.

Finalmente, desde Camanchaca se hizo un llamado urgente a las nuevas autoridades para que, a través de los órganos competentes —la Armada, la Gobernación Marítima, el Ministerio Público y los organismos de seguridad—, este flagelo sea abordado con determinación y efectividad, antes de que se produzcan consecuencias aún más graves.