
Congreso despacha nueva Ley de Inteligencia del Estado
La iniciativa fija límites al uso de inteligencia, amplía los mecanismos de control y define nuevas obligaciones de coordinación entre organismos civiles, policiales y militares.
Sin votos en contra, el Congreso Nacional despachó la nueva Ley de Inteligencia del Estado tras aprobar el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado. El proyecto fue votado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con 107 votos a favor y tres abstenciones, y establece el marco legal del Sistema de Inteligencia del Estado, sus atribuciones, controles, acceso a información y coordinación interinstitucional.
Según el texto aprobado, la ley, ingresada en 2018 por el expresidente Sebastián Piñera, busca establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado, su institucionalidad, forma de funcionamiento y control, además de “contribuir a enfrentar los riesgos, amenazas y agresiones que afecten la seguridad de la Nación, el interés nacional y el orden constitucional”, según se informó desde la Cámara.
La normativa establece que los organismos de inteligencia “no podrán realizar labores ni utilizar inteligencia o contrainteligencia para fines distintos a los establecidos en esta ley”, y que sus funciones deberán ejercerse “anticipando riesgos” y “sujetándose a mecanismos de control”.
El sistema estará integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia de la Defensa.
Como organismos colaboradores se incorporan, entre otros, Gendarmería, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Unidad de Análisis Financiero, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y Cancillería.
El proyecto también regula el acceso a información, señalando que se establecen “procedimientos regulares y especiales”, junto con normas sobre “tratamiento de datos personales y sensibles” y autorizaciones judiciales. Asimismo, se fijan sanciones para quienes vulneren los límites legales.
En materia de control, se establece que la fiscalización externa recaerá en la Contraloría, los Tribunales de Justicia y la Cámara de Diputadas y Diputados, y que dichas actuaciones tendrán “carácter secreto”.
Diputados y diputadas de distintos sectores valoraron la necesidad de actualizar el sistema de inteligencia y reforzar los mecanismos de coordinación y control del Estado. En el debate intervino el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en representación del Ejecutivo.
Parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que se trata de una norma “necesaria para el contexto actual”, aunque algunos cuestionaron la “tardanza en su tramitación”.
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