Contraloría contrató a abogada removida del Tribunal Constitucional pese a tres sumarios en su contra

La Contraloría General de la República (CGR) contrató en octubre de 2025 a la abogada María Angélica Barriga Meza, a pesar de que esta enfrentaba tres sumarios administrativos en el Tribunal Constitucional (TC), organismo desde el cual había sido removida semanas antes. La situación fue advertida por la presidenta del TC, Daniela Marzi, mediante un oficio enviado el 8 de octubre a la contralora Dorothy Pérez, según reveló CIPER.

Barriga —quien se desempeñaba como secretaria abogada del TC— fue sancionada tras un sumario que acreditó que presentó fuera de plazo y con irregularidades sus declaraciones de intereses y patrimonio correspondientes a 2023 y 2024, ingresándolas recién en marzo de 2025. El caso derivó incluso en una investigación penal por presunta falsificación de instrumento público.

Pese a ello, y mientras los procesos disciplinarios seguían en curso, Barriga fue incorporada a la Subdirección Metropolitana de la Contraloría el 1 de octubre de 2025. De acuerdo con la institución, al momento de su contratación el sistema SIAPER “no registraba medidas disciplinarias ni incompatibilidades”.

Oficio ignorado durante un mes

Según informó la CGR a CIPER, el oficio enviado por el TC el 8 de octubre recién fue leído por funcionarios de la Contraloría el 5 de noviembre. Ese día se solicitaron explicaciones a Barriga, quien entregó los antecedentes del caso. Tras su revisión, el organismo pidió su renuncia a inicios de diciembre, coincidiendo con la fecha en que el medio consultó por su situación laboral.

La abogada, por su parte, aseguró que prepara acciones judiciales para impugnar el sumario que motivó su remoción del TC. Reconoció haber ingresado fuera de plazo sus declaraciones de patrimonio, pero sostuvo que estas no fueron objetadas por la Contraloría.

Además del sumario por falsificación de declaraciones, Barriga fue investigada en el TC por solicitar acceso a correos electrónicos del personal administrativo y por representar al tribunal ante un juzgado de Policía Local sin autorización del Pleno.

Respecto del acceso a correos, la abogada afirmó que solo pidió información operativa de la actividad diaria del equipo, y que la medida buscaba evitar conflictos laborales. Sin embargo, la resolución del sumario indica que instruyó crear una regla de Outlook para derivar a un repositorio todos los correos enviados por relatores a funcionarios de la secretaría, sin informar a los involucrados ni al Pleno.

Barriga tampoco era una funcionaria ajena al entorno de la actual contralora. Entre 2006 y 2018 trabajó en la Subcontraloría General, unidad que desde 2016 fue encabezada por Dorothy Pérez. Incluso, en 2018 firmó una carta pública en defensa de Pérez cuando el entonces contralor Jorge Bermúdez intentó removerla de su cargo por “razones de confianza”.