Contraloría detecta graves falencias en control de licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins y Hospital de Rengo

La Contraloría Regional de O’Higgins detectó importantes deficiencias en los procesos de control, gestión y recuperación de licencias médicas en el Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y en el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo, tras una auditoría especial iniciada a raíz de una denuncia parlamentaria.

Según el Informe de Investigación Especial N° 665, el organismo fiscalizador constató la falta de recuperación de montos asociados a licencias médicas rechazadas o reducidas, lo que contraviene la normativa vigente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en materia de reintegro de recursos públicos.

Por esta razón, ambas instituciones deberán acreditar ante la Contraloría, en un plazo de 60 días hábiles, la recuperación de los fondos observados, mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo. Asimismo, el Servicio de Salud O’Higgins deberá iniciar un procedimiento disciplinario por estas irregularidades.

Ausentismo prolongado y millonarios recursos involucrados

La auditoría también detectó situaciones de ausentismo laboral prolongado. En total, 48 funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins y 63 del Hospital de Rengo registraron 180 días o más de licencias médicas, continuas o discontinuas.

Los recursos involucrados en estos casos alcanzan los $694.595.550 en el SSO y $770.007.939 en el Hospital de Rengo, totalizando más de $1.460 millones.

Además, en una muestra analizada —equivalente a una licencia por funcionario— se verificaron gastos en remuneraciones y reemplazos por $253.556.921 en el Servicio de Salud y $390.485.035 en el hospital, elevando el impacto económico total por sobre los $2.100 millones.

Sumarios y antecedentes al Consejo de Defensa del Estado

Ante la magnitud de los hallazgos, la Contraloría instruyó a la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El acto administrativo que dé inicio a dicho proceso deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría dentro de 15 días hábiles desde la recepción del informe.

Adicionalmente, los antecedentes fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines legales que correspondan, lo que abre la posibilidad de eventuales acciones judiciales destinadas a resguardar los recursos fiscales comprometidos.