Corea del Sur se convierte en el primer país en aplicar una ley integral para regular IA

La nueva Ley Básica de IA establece obligaciones estrictas para empresas y desarrolladores, clasifica los sistemas según su nivel de riesgo, exige transparencia frente a los usuarios y contempla multas de hasta US$23.000 en caso de incumplimiento.

Corea del Sur se convirtió este jueves en el primer país del mundo en aplicar plenamente un marco regulatorio integral para la inteligencia artificial (IA), tras la entrada en vigor de la Ley Básica sobre el Desarrollo de la IA. La normativa busca equilibrar el impulso a la innovación tecnológica con la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, estableciendo un conjunto de obligaciones para desarrolladores, empresas y organismos públicos.

La ley fija directrices generales para el diseño, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial, con especial énfasis en la prevención de la desinformación, la protección de datos personales y la mitigación de riesgos asociados a esta tecnología. El objetivo es fomentar una adopción responsable de la IA, garantizando estándares éticos y de seguridad en todos los ámbitos.

Uno de los pilares centrales del nuevo marco regulatorio es la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo. En este contexto, se consideran de “alto riesgo” aquellos modelos utilizados en ámbitos sensibles, como procesos de selección laboral, evaluación de solicitudes de crédito, diagnósticos médicos o generación de contenidos que puedan afectar la seguridad, la vida privada o los derechos fundamentales de las personas.

Las empresas que operen con este tipo de modelos deberán informar explícitamente a los usuarios cuando interactúen con contenidos generados por inteligencia artificial. Para ello, deberán incorporar mecanismos de identificación, como marcas de agua digitales, con el fin de evitar confusiones, fraudes o la difusión de “deepfakes”.

La normativa también contempla medidas activas para fortalecer la industria tecnológica local, promoviendo la investigación y el desarrollo, la creación de bases de datos para el entrenamiento de modelos, la formación de especialistas y la construcción de centros de datos avanzados.

En el caso de las compañías extranjeras que ofrezcan servicios de IA en Corea del Sur, la ley establece la obligación de designar un representante legal local cuando superen determinados umbrales. Estos criterios incluyen ingresos globales superiores a US$630 millones anuales, ventas nacionales por encima de US$6,3 millones o una base de al menos un millón de usuarios activos diarios en el país. Bajo estas condiciones, grandes actores globales como OpenAI y Google quedarían sujetos directamente a esta exigencia.

Aunque la ley ya está en vigor, el Gobierno surcoreano concedió un periodo de gracia de un año para facilitar la adaptación de las empresas y organismos públicos. Durante esta etapa, no se realizarán investigaciones formales ni se impondrán sanciones económicas. Una vez superado este plazo, los incumplimientos podrán ser castigados con multas de hasta US$23.000.

Para apoyar la implementación, se creó además una mesa técnica de asesoría destinada a orientar a las compañías en el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

El segundo viceministro de Ciencia y Tecnologías de la Información, Ryu Je-myung, subrayó que la Ley Básica de IA “sitúa a Corea del Sur en el centro del desarrollo global de esta industria y abre el camino hacia una sociedad plenamente basada en la inteligencia artificial”.

La entrada en vigor de esta normativa coincide con los avances regulatorios impulsados por la Unión Europea, cuya Ley de Inteligencia Artificial, aunque aprobada en 2024, comenzará a aplicarse de forma obligatoria recién en 2027. De este modo, Corea del Sur se posiciona como el primer país en establecer un marco legal completo y operativo para el uso responsable de esta tecnología emergente.

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El Periodista