Cuando el poder mata o permite que maten para sobrevivir

Por Christian Slater

Tal como quedó expresado en la columna “Irán o cuando el poder se separa del deber”, publicada en El Periodista el 2 de enero, ya se advertía que lo que estaba ocurriendo en Irán no debía ser observado como un episodio aislado ni como una simple crisis económica, sino como el síntoma avanzado de una autoridad que había perdido su legitimidad moral y que, enfrentada a su propio agotamiento, recurriría inevitablemente a la represión para sostenerse.

Lamentablemente, los hechos han ido confirmando esa advertencia. Hoy Irán atraviesa una situación crítica: protestas prolongadas, represión sistemática, muertos, heridos y miles de detenidos, todo ello bajo un régimen de censura informativa que impide conocer la real magnitud de lo que está ocurriendo. Sabemos solo una parte. Y lo que sabemos ya es atroz. La pregunta ética resulta inevitable: ¿qué otras atrocidades están ocurriendo sin que el mundo las vea?

Desde una perspectiva moral elemental, resulta imposible eludir una verdad incómoda: en Irán se está matando para preservar un gobierno. Personas inocentes están perdiendo la vida para sostener un régimen que ya no gobierna en función del bien común, sino de su propia supervivencia. Esto no constituye una anomalía histórica, sino el desenlace previsible cuando el ejercicio del poder se desvincula de toda responsabilidad frente a la dignidad humana.

Los filósofos clásicos lo advirtieron con claridad. Sócrates sostuvo que ninguna autoridad injusta puede exigir obediencia moral. Platón explicó cómo los regímenes degeneran en tiranía cuando quienes gobiernan buscan su propia conservación antes que la justicia. Aristóteles fue aún más preciso: los gobiernos que actúan en beneficio propio, y no de la comunidad, pierden su legitimidad, aun cuando conserven la fuerza. Irán encarna hoy, con dolorosa claridad, estas advertencias antiguas.

Pero el problema no se limita a sus fronteras. Cuando un Estado —por acción, por omisión o por incapacidad deliberada— permite que desde su territorio se proyecten secuestros, torturas, asesinatos, narcotráfico y estructuras de terror, el conflicto deja de ser interno. No importa si existe apoyo formal o simple tolerancia: el resultado es el mismo. La violencia se exporta, se instala en otras sociedades y cobra víctimas que nada tienen que ver con las disputas ideológicas de quienes detentan el poder.

En Chile no hablamos de esto en abstracto. Lo hemos vivido. El secuestro y asesinato del exoficial venezolano Ronald Ojeda —extraído de su hogar por sujetos que se hicieron pasar por policías, trasladado a una casa de seguridad, torturado, flagelado y finalmente asesinado— no fue un hecho aislado ni una exageración. Fue la expresión brutal de la acción del Tren de Aragua, una organización criminal surgida al amparo del colapso institucional del régimen venezolano, cuyos integrantes hoy se encuentran detenidos en cárceles chilenas, especialmente en el norte del país. Negar esta realidad no es prudencia: es ceguera moral. Miles de jóvenes han muerto o han visto sus vidas destruidas por la droga que estos mismos sistemas permitieron producir, traficar y exportar.

Algo similar ocurre cuando un régimen, como el iraní, respalda o instrumentaliza organizaciones extremistas como Hezbollah, responsables de atentados, asesinatos y acciones terroristas fuera de sus fronteras durante décadas. No se trata de responsabilizar a pueblos enteros, sino de señalar una constante ética: cuando las autoridades abandonan su obligación básica de proteger la vida y permiten que la violencia organizada se proyecte hacia otros países, han perdido toda legitimidad moral.

Los antecedentes conocidos en América Latina y Europa confirman que no estamos frente a especulaciones ni alarmismo.

Diversos medios de comunicación han advertido sobre la presencia activa de redes vinculadas a Irán y Hezbollah en la región, incluyendo Chile, Bolivia y Argentina. Autoridades políticas, analistas en seguridad y organismos especializados coinciden en que estas estructuras no operan solo como expresiones ideológicas, sino como redes operativas asociadas al financiamiento ilícito, al narcotráfico, al lavado de activos y a actividades encubiertas. Argentina, de hecho, ha dado un paso relevante al reconocer formalmente a Irán como actor vinculado a estas redes, reabriendo un debate que durante años fue evitado por razones políticas o diplomáticas.

Estos hechos revelan un patrón inquietante. No es casual que organizaciones criminales o extremistas de alta peligrosidad emerjan, se fortalezcan y se proyecten internacionalmente en contextos donde los gobiernos, amparados en discursos ideológicos de izquierda o extrema izquierda, renuncian al control efectivo del poder coercitivo del Estado. Estas estructuras no siempre son creadas por los gobiernos, pero son toleradas, instrumentalizadas o simplemente ignoradas, bajo la lógica del cálculo político o de la conveniencia. El desenlace es siempre el mismo: cuando la violencia se manifiesta abiertamente, ya es tarde.

La pregunta adquiere entonces una gravedad mayor: ¿queremos que un régimen que hoy reprime a su población, silencia a sus ciudadanos y gobierna mediante el miedo, continúe avanzando en la construcción de un arma nuclear? ¿Para qué? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué garantías para el resto del mundo? No se trata de una discusión técnica, sino de una cuestión de responsabilidad frente a la vida humana. Un poder que desprecia la dignidad de su propio pueblo difícilmente puede ser un custodio confiable de capacidades de destrucción masiva.

Frente a esta tragedia, el silencio o las declaraciones ambiguas de la Organización de las Naciones Unidas y de ciertos gobiernos y líderes que se apresuran a condenar toda intervención externa, pero evitan condenar con la misma claridad la represión, los muertos y los heridos, resultan profundamente inquietantes. Llamar abstractamente al “orden” o a soluciones internas mientras personas mueren en las calles no es neutralidad: es omisión moral. Cuando la soberanía se invoca para encubrir la violencia, deja de ser un principio protector y se transforma en una coartada.
La ética pública no exige discursos cómodos ni equilibrios diplomáticos bien calculados. Exige responsabilidad, coherencia y valentía moral. Y hoy, los hechos confirman que ignorar lo que ocurre en Irán —o relativizarlo por conveniencia política, ideológica o institucional— no solo constituye un error político, sino un fracaso ético de proporciones históricas.

Porque cuando el mundo guarda silencio, no se preserva la paz: se prolonga la injusticia.

Christian Slater E.