Cuando el problema no es el recurso

Por Christian Slater, coronel (R) de Ejército

Durante años, en la cultura militar de las Fuerzas Armadas, existió una práctica que hoy resulta ilustrativa. Las áreas consideradas “no centrales” —logística, personal, bienestar— rara vez quedaban en manos de los mejores cuadros. Muchos oficiales preferían el mando de unidades operativas, brigadas o direcciones directamente asociadas a la acción militar. Aquellos cargos menos visibles, menos épicos, eran vistos como secundarios. El resultado fue predecible: durante largo tiempo esas áreas no prosperaron, se volvieron burocráticas, reactivas y, en no pocos casos, mediocres.

No porque fueran irrelevantes, sino porque nunca se entendió su verdadero valor estratégico.

Ese mismo patrón parece repetirse hoy, a escala país, en la forma en que Chile concibe ciertos ministerios y áreas clave del Estado. Se los trata como espacios administrativos o técnicos, y no como lo que realmente son: instrumentos de conducción estratégica. Cuando no se pone liderazgo político de primer nivel allí donde se juega el desarrollo de largo plazo, no se pierde solo eficiencia; se desperdicia capacidad país..

La minería es un buen ejemplo de esta confusión. Chile es, por definición, un país minero. Sin embargo, con frecuencia sigue pensando la minería únicamente como una fuente de recaudación fiscal y no como una poderosa herramienta de desarrollo, progreso y posicionamiento estratégico. El Ministerio de Minería termina así reducido a un rol administrativo, cuando debiera ser una de las carteras con mayor peso estratégico del Estado.

El debate reciente sobre las tierras raras ilustra bien este problema. Conviene aclararlo. Cuando se habla de “tierras raras” no se alude a un territorio especial ni a un mineral escaso en términos absolutos, sino a un conjunto de elementos químicos utilizados en tecnologías avanzadas: desde celulares y baterías, hasta turbinas eólicas, equipos médicos y sistemas de defensa. Su importancia no radica en su volumen ni en su valor inmediato, sino en que son insumos críticos para industrias estratégicas y difíciles de sustituir. Por eso, más que una riqueza tradicional, constituyen un factor de autonomía y de poder tecnológico.

Por un lado, se las ha sobredimensionado, presentándolas como el “nuevo cobre”, algo que no son ni serán. No generarán ingresos comparables, no sostendrán el presupuesto nacional ni reemplazarán el rol estructural del cobre en la economía chilena. Pero, por otro lado, también se las ha subestimado, tratándolas como un asunto menor o marginal.

Ambas miradas son erradas. Las tierras raras no son riqueza inmediata; son capacidad de decisión futura. No valen por su volumen, sino por su carácter estratégico. En un mundo crecientemente competitivo, no tenerlas —o depender totalmente de otros— es una forma silenciosa de vulnerabilidad.

Más allá del cobre, de las tierras raras, del litio o del hidrógeno verde, el problema de fondo no está en los recursos que Chile posee, sino en la capacidad de conducirlos con visión estratégica. No se trata de confundir temas ni de mezclar agendas sectoriales, sino de entender que todos ellos son expresiones de un mismo desafío: transformar ventajas naturales en poder real de desarrollo y no dejarlas atrapadas en la inercia administrativa o el cortoplacismo político.

Este desafío no nace en Chile. Responde a un cambio profundo del orden regional e internacional. Más allá de la figura circunstancial de Donald Trump, Estados Unidos —como potencia— ha comprendido que debe reducir su dependencia de adversarios geoestratégicos históricos como China o Rusia, asegurando el acceso a recursos críticos dentro de su propia región o en países políticamente confiables. La interdependencia irrestricta dejó de ser virtud para convertirse en vulnerabilidad.

En ese rediseño del escenario global, ninguna potencia diseña el desarrollo de otro país. Estados Unidos, como cualquier actor estratégico, buscará asegurar sus propios intereses. Si Chile no define los suyos, otros lo harán por él. No podemos esperar que una potencia extranjera nos diga cómo, cuándo o en qué condiciones explotar nuestras tierras raras, nuestro litio o nuestro hidrógeno verde. Esa definición no es técnica ni ideológica: es una decisión soberana que exige visión de Estado.

Cuando un ministerio clave en un país minero es visto como una cartera menor, administrativa o carente de proyección estratégica, no estamos frente a una anécdota comunicacional, sino frente a un error de enfoque. La minería —y hoy también el litio, las tierras raras o el hidrógeno verde— no es solo una actividad económica; es una herramienta de desarrollo, de posicionamiento internacional y de seguridad ampliada. Tratarla como algo secundario es renunciar, por omisión, a una parte importante del poder país.

Cuando el Estado no conduce con claridad, se produce algo más grave que una mala política sectorial: se genera un vacío de liderazgo. Y los vacíos, en política y en sociedad, no permanecen vacíos. Son ocupados por teorías conspirativas, relatos simplificados y discursos estridentes que proliferan en redes sociales.

Aquí aparece un punto clave: no se trata solo de un problema de información, sino de poder blando. El concepto de poder blando, desarrollado por Joseph Nye, recuerda que la influencia no depende solo de la fuerza o de los recursos, sino también de la credibilidad y la capacidad de conducción. Cuando el Estado renuncia a ese plano, otros ocupan el espacio.

Las consecuencias de no entenderlo quedaron dolorosamente expuestas con el grave accidente ocurrido el año pasado en la División El Teniente. Más allá de las responsabilidades técnicas y operativas —que deben investigarse con rigor—, lo que se observó fue la inexistencia de una conducción comunicacional clara. En rigor, no hubo un mal manejo de crisis; hubo inexistencia de manejo de crisis, justamente porque no existió comunicación estratégica capaz de ordenar la información, asumir liderazgo y anticipar los efectos públicos de lo ocurrido.

El hecho de que hoy el tema haya desaparecido del debate público no necesariamente indica que haya existido una adecuada gestión comunicacional. Más bien refuerza la impresión de que el conflicto se cerró por la vía de la negociación material, sin que mediara una explicación clara capaz de reconstruir confianza. Resolver un conflicto no equivale a gestionar una crisis; y cuando la crisis no se explica, simplemente queda latente.

Mirado en su conjunto, lo que ha faltado no es conocimiento técnico ni recursos, sino algo más elemental: sentido común. No entendido como intuición vulgar, sino como la capacidad básica de reconocer prioridades, anticipar consecuencias y actuar con responsabilidad. En la conducción pública, ese sentido común constituye el primer peldaño de la ética: decidir no solo lo conveniente para el presente, sino lo razonable para el país en el largo plazo.

El cobre sostiene el presente de Chile.

La estrategia —bien entendida, guiada por sentido común y liderada con responsabilidad— es la que puede asegurar su futuro.