Defensoría de la Niñez oficia a instituciones públicas tras informe de Contraloría por funcionarios inhabilitados para trabajar con menores
El organismo inició oficios a los servicios involucrados y solicitó una reunión con la contralora Dorothy Pérez, advirtiendo graves falencias en los sistemas de control y exigiendo medidas urgentes para resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría de la Niñez anunció una serie de acciones tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló la contratación de personas con prohibición de desempeñar funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes en organismos del sector público.
El 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC) del ente contralor dio cuenta de 164 casos de personas inhabilitadas que fueron contratadas por 72 instituciones públicas entre 2020 y agosto de 2025, incluidos 35 funcionarios que ejercieron funciones durante el año pasado, pese a contar con prohibición absoluta para trabajar con menores de edad.
Contraloría detecta 35 casos de inhabilitados que trabajaron con menores en sector público en 2025
Frente a estos antecedentes, la Defensoría informó que se encuentra oficiando a cada una de las instituciones mencionadas en el informe, con el objetivo de recabar información sobre las acciones correctivas adoptadas, el número de personas contratadas en esta condición, las fechas de sus respectivas inhabilitaciones y las medidas preventivas que se implementarán para evitar que estas situaciones se repitan.
Asimismo, el organismo señaló que solicitó una reunión con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, con el propósito de abordar esta situación de manera conjunta y coordinada, dada la gravedad de los hechos expuestos.
Desde la Defensoría enfatizaron que velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas, consagrada tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la legislación nacional. En ese sentido, subrayaron la necesidad de cumplir de manera estricta la normativa vigente y de implementar con urgencia mecanismos de control preventivo y obligatorios, que aseguren la consulta sistemática al Registro General de Condenas y al Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.
El organismo advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones compromete gravemente la protección efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y vulnera el mandato legal establecido en el artículo 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925, que obliga a verificar las inhabilitaciones antes de contratar personal para funciones relacionadas con menores.
Finalmente, la Defensoría de la Niñez sostuvo que estas faltas a la ley exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos inadmisibles y reflejan serias deficiencias en los sistemas de control y responsabilidad administrativa de las instituciones involucradas, exigiendo la adopción inmediata de todas las medidas necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
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