Esposo de fiscal que investiga incendios en el Biobío asesoró a gremio ligado a forestales Arauco, CMPC y minera Aclara

Una publicación del medio Interferencia.cl reveló que el abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza, esposo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, realizó en diciembre de 2023 una asesoría verbal al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), gremio que agrupa a 84 compañías con presencia en la región, entre ellas las forestales Arauco y CMPC, además de la minera Aclara.

El antecedente cobra especial relevancia en el contexto de la investigación por el incendio forestal “Trinitarias”, que se inició el 17 de enero y afectó gravemente a las comunas de Penco y Tomé, dejando un saldo de 20 personas fallecidas, 14 lesionados, más de 9 mil viviendas destruidas y cerca de 22 mil hectáreas consumidas por el fuego.

En esta causa, la fiscal Cartagena imputó cargos por infracción a la Ley de Bosques, además de 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves contra Claudio Luna Muñoz, de 39 años, único imputado hasta ahora. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la solicitud de prisión preventiva, decretando únicamente arresto domiciliario nocturno, al considerar que no existían antecedentes suficientes para atribuirle responsabilidad directa en el origen del siniestro.

La decisión judicial generó escepticismo en las comunidades afectadas, donde persisten dudas respecto de que una sola persona sea responsable de una tragedia de tal magnitud. En ese contexto, han surgido cuestionamientos sobre el rol del negocio forestal, particularmente por la alta inflamabilidad de las plantaciones de pino y eucalipto, así como eventuales intereses asociados al proyecto minero Aclara, que busca extraer tierras raras en sectores cercanos a las zonas afectadas.

Es precisamente en este escenario donde el vínculo profesional de Álvaro Sepúlveda con Irade adquiere relevancia pública. Según informó Interferencia.cl, la asesoría prestada por Sepúlveda fue de carácter verbal, en su calidad de experto en Derecho Administrativo, sin que derivara en informes escritos ni representación legal.

El propio Ministerio Público indicó en su momento que Marcela Cartagena no tenía conocimiento de dicha asesoría, y que solo tomó conocimiento de ella tras consultas realizadas por el medio. Además, precisó que la participación de Sepúlveda se limitó a reuniones de trabajo sin consecuencias contractuales posteriores.

Este antecedente ya había sido dado a conocer en 2024, en el marco de las actuaciones de la fiscal regional en el denominado Caso Convenios, investigación en la que Irade aparece vinculado a través de su ex presidente Paul Esquerré, imputado en la arista Procultura.