Haití cierra 2025 atrapado entre violencia de pandillas y una frágil transición política

Haití logró atravesar 2025 en medio de un escenario crítico y profundamente inestable, condicionado por la convergencia de violencia extrema, colapso económico, debilidad institucional y una grave crisis humanitaria. Pese a compromisos internacionales y ajustes políticos internos, el país continúa sumido en una incertidumbre estructural que amenaza cualquier intento de normalización democrática.

La inseguridad volvió a ser el rasgo dominante del año. Bandas armadas controlan prácticamente la totalidad de la capital, Puerto Príncipe, y extendieron su influencia hacia zonas rurales estratégicas. La coalición criminal Viv Ansanm amplió su dominio a departamentos como Artibonite y el Centro, tradicionalmente agrícolas, donde se registraron masacres como la ocurrida en Pont-Sondé el 29 de noviembre, con al menos 12 personas asesinadas y una veintena de heridos, según cifras oficiales.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, hasta agosto de 2025 se contabilizaban más de 4.000 homicidios vinculados a la actividad de las pandillas, además de cientos de secuestros extorsivos y una violencia sexual generalizada que afecta especialmente a mujeres y niñas.

Este deterioro de la seguridad provocó un desplazamiento forzado masivo. Más de 1,4 millones de personas abandonaron sus hogares en busca de zonas relativamente más seguras o intentaron emigrar a República Dominicana, donde enfrentan políticas de deportación masiva y un contexto de creciente rechazo.

Respuesta internacional y fuerza de seguridad

Ante la incapacidad de la Policía Nacional Haitiana para contener a los grupos criminales, la comunidad internacional impulsó una nueva estrategia de seguridad. El 30 de septiembre, mediante la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad, se creó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), que inició operaciones a mediados de octubre.

La GSF, encabezada por el representante especial Jack Christofides, tiene como misión restablecer la autoridad del Estado, proteger infraestructura crítica y reducir el control territorial de las pandillas, con el objetivo de habilitar un retorno gradual a la gobernanza democrática. Hasta ahora, Kenia ha desplegado más de 700 policías especializados, mientras Bahamas, Jamaica, El Salvador y Guatemala también aportan contingentes.

El objetivo operativo es alcanzar 5.500 efectivos, aunque la misión enfrenta serias limitaciones financieras: solo se han recaudado 113 millones de dólares de los 600 millones estimados para su funcionamiento.

Una ruta electoral bajo presión

En el plano político, el país continúa bajo la conducción del Consejo Presidencial de Transición (CPT), cuyo mandato concluye el 7 de febrero de 2026. El año estuvo marcado por tensiones internas y denuncias de corrupción que derivaron en la destitución del primer ministro Garry Conille y el nombramiento de Alix Didier Fils-Aimé en noviembre de 2024.

Pese a ello, a comienzos de diciembre se aprobaron avances considerados clave, como el denominado Decreto electoral, que introduce reformas relevantes: paridad de género del 50% en cargos de decisión, participación de la diáspora y descentralización de los centros de tabulación electoral.

El Consejo Electoral Provisional fijó un calendario para las primeras elecciones generales desde 2016, con una primera vuelta prevista para el 30 de agosto de 2026 y un eventual balotaje el 6 de diciembre. La asunción de las nuevas autoridades está proyectada para el 20 de enero de 2027, aunque persisten dudas sobre la viabilidad de un proceso libre y seguro, considerando que cerca del 60% del electorado reside en zonas bajo control total o parcial de pandillas.

Emergencia humanitaria y colapso económico

El panorama socioeconómico continúa siendo desolador. Haití encadena seis años consecutivos de recesión y en 2025 su economía se contrajo un 2% adicional, con una inflación que supera el 25%. La agricultura se ha visto gravemente afectada por el dominio criminal de rutas y puertos, lo que agravó la inseguridad alimentaria que hoy impacta a 5,7 millones de personas, casi la mitad de la población.

A ello se suma la vulnerabilidad climática. En noviembre, el huracán Melissa provocó decenas de muertes y cuantiosos daños materiales, profundizando la precariedad estructural del país.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, visitó Haití a inicios de diciembre y reafirmó el respaldo técnico al proceso electoral, aunque advirtió sobre la urgencia de pasar “de la intención a la acción”. Paralelamente, se desarrollaron gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para asegurar financiamiento destinado a infraestructura y recuperación económica.

Haití cierra 2025 con una hoja de ruta institucional definida, pero con la certeza de que su implementación será tan compleja como lo fue su diseño, en un país donde la violencia y la fragilidad estatal siguen marcando el pulso de la vida cotidiana.