Justicia de Perú archiva definitivamente causa por lavado de activos contra Keiko Fujimori
El tribunal ejecuta una sentencia del Tribunal Constitucional y concluye que los cargos carecían de sustento jurídico y suponían una aplicación retroactiva de la ley.
La Justicia de Perú ordenó este martes el sobreseimiento definitivo de la causa por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal contra Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, en el marco del denominado caso “Cócteles”.
En su resolución, el Tribunal Superior de Justicia dispuso el archivo del proceso seguido contra Fujimori por el presunto delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano, ordenando además el levantamiento de todas las medidas personales y reales que se hubiesen impuesto en su contra.
El fallo ejecuta la sentencia 185/2025 del Tribunal Constitucional, que en octubre pasado determinó que los cargos imputados carecían de sustento jurídico. El tribunal sostuvo que sancionar la recepción de fondos para las campañas electorales de 2011 y 2016 implicaría una aplicación retroactiva de la legislación penal, ya que el concepto de “recepción patrimonial” en el delito de lavado de activos fue incorporado al Código Penal recién a fines de 2016.
Asimismo, la resolución subrayó que el delito de financiación ilegal de organizaciones políticas no estaba tipificado al momento de los hechos investigados, por lo que decidió extender el archivo del caso a todos los procesados vinculados al partido.
No obstante, el tribunal mantuvo imputaciones contra Fujimori y otros investigados por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, devolviendo estos antecedentes a la Fiscalía para que emita un nuevo pronunciamiento, tras el sobreseimiento de las imputaciones de carácter estructural y transversal.
La Fiscalía había solicitado en julio de 2025 una pena de 35 años de prisión contra la excandidata presidencial, hija del exmandatario Alberto Fujimori. En ese momento, Fujimori calificó la petición como políticamente motivada y cuestionó la actuación del fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez.
El caso “Cócteles”, iniciado en 2016, investigó la presunta financiación irregular de las campañas presidenciales de Fujimori mediante eventos de recaudación que habrían servido como fachada para el ingreso de fondos de origen ilícito. Según la hipótesis fiscal, parte de esos recursos habría provenido de empresas como la constructora brasileña Odebrecht y el grupo financiero peruano Credicorp.
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