Lula veta ley que rebajaba penas por golpismo en el aniversario del 8 de enero

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves la ley que buscaba reducir de manera significativa las penas impuestas a los responsables del intento de golpe de Estado, en el marco de los actos por el tercer aniversario de los ataques contra las instituciones ocurridos el 8 de enero.

Durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, Lula subrayó que esa fecha “está marcada en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia”, al recordar que los hechos incluyeron planes para asesinarlo a él y a otras altas autoridades. “Fue la victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad popular”, afirmó.

El mandatario destacó además el desempeño del Tribunal Supremo Federal en el procesamiento de los implicados, pese a las presiones políticas. “Posiblemente la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio a los golpistas por el Tribunal Supremo”, señaló, recalcando que los acusados pudieron ejercer plenamente su derecho a defensa y que las condenas se dictaron sobre la base de “pruebas contundentes”.

En su discurso, Lula reiteró su rechazo a cualquier forma de autoritarismo. “No aceptamos ni una dictadura civil ni una dictadura militar”, dijo, y defendió los resultados económicos y sociales de su Gobierno desde su regreso al poder. También lanzó una advertencia a la oposición de cara a las próximas elecciones: “Si siguen apostando por el pesimismo, volverán a perder”.

El veto devuelve al Congreso la iniciativa aprobada a fines de 2025 por ambas cámaras, que contemplaba rebajas de hasta un 70% en algunas condenas. El texto había sido interpretado como un beneficio directo para figuras centrales de la trama golpista, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión y habría reducido sustancialmente su tiempo en régimen cerrado de haber prosperado la norma.

El Congreso puede intentar revertir el veto con una mayoría calificada: 257 de los 513 diputados y 41 de los 81 senadores. De prosperar, la ley aún podría ser impugnada ante la Justicia por el Gobierno, la Fiscalía, partidos políticos u organizaciones de la sociedad civil.

“Quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país”, reiteró Lula, cerrando su intervención con una advertencia histórica: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.