La polémica absolución del excarabinero Claudio Crespo reabrió tensiones al interior del oficialismo, esta vez dirigidas directamente contra el Gobierno por haber impulsado la Ley Naín-Retamal.
La norma —promulgada por la administración del Presidente Gabriel Boric en 2023— busca reforzar la protección del ejercicio de la función policial de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Entre sus principales disposiciones, aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios policiales y establece la figura de la legítima defensa privilegiada, que exime de responsabilidad penal al funcionario que utilice su arma para repeler una agresión contra su vida o integridad física, siempre que se cumplan determinados requisitos legales.
Durante su tramitación, sectores del oficialismo calificaron la iniciativa como una “ley de gatillo fácil”. Tras la absolución de Crespo en el caso del diputado Gustavo Gatica, ese debate volvió a instalarse con fuerza dentro del bloque gobernante.
Oficialismo versus Gobierno
Diversas figuras del sector cuestionaron la aplicación de la ley en este fallo. Entre ellas, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) advirtió que “un juicio penal no puede basarse en juicios de valor sobre el estallido social. Crespo debía ser juzgado por los hechos. El uso de la fuerza debe ser legal, necesario y proporcional; relativizarlo trae impunidad. Por eso rechazamos la Ley Naín-Retamal”.
En la misma línea, el Frente Amplio emitió una declaración pública en la que manifestó su rechazo a la absolución del excarabinero y recordó su oposición a la norma. “Esta sentencia constituye un grave retroceso para la justicia y la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos, y profundiza una peligrosa impunidad frente a hechos cometidos por agentes del Estado en el ejercicio del monopolio de la fuerza”, señalaron.
Asimismo, agregaron que “resulta ineludible señalar que hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que como Frente Amplio expresamos durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal y que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) fue una de las primeras en abrir el debate, al sostener que “la absolución de Claudio Crespo se sostuvo en la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal, presentada, tramitada y promulgada durante el actual gobierno, y aprobada con los votos de diputadas y diputados oficialistas”.
En tanto, el diputado Matías Ramírez (Partido Comunista) compartió en redes sociales una publicación del Presidente Boric realizada durante la promulgación de la ley y escribió que “cuando se pacta con la derecha, la derecha es la que gana. La Ley Naín-Retamal solo permitió la impunidad en Chile frente a los abusos policiales”.
La postura de Amnistía Internacional
Desde la sociedad civil, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, también cuestionó el uso de la normativa, asegurando que “se utilizó para dar un manto de impunidad a quien fue declarado como responsable de haber dejado ciego a Gustavo Gatica, que se manifestaba en 2019”.
“Estamos en peores condiciones para que la gente en Chile se pueda manifestar pacíficamente y de manera libre, y para que el uso incorrecto de la fuerza por parte de las policías no quede cubierto por un manto de impunidad”, concluyó.
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