ONU alerta que políticas discriminatorias de Israel buscan control permanente de Cisjordania

Un informe de Naciones Unidas advierte que existen “motivos razonables” para concluir que las leyes, políticas y prácticas “discriminatorias” aplicadas por Israel contra la población palestina en Cisjordania tienen un carácter permanente y buscan consolidar el control sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

El documento, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sostiene que el Gobierno israelí estaría vulnerando el Derecho Internacional, en particular el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid.

Según el informe, estas políticas niegan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y generan un trato desigual en ámbitos clave como la libertad de movimiento y el acceso a recursos esenciales, entre ellos la tierra y el agua. En este último punto, se denuncia la confiscación y destrucción “ilegal” de infraestructura hídrica palestina, con desvío del suministro hacia asentamientos israelíes, lo que obliga a la Autoridad Palestina a comprar agua a una empresa estatal israelí que la extrae de Cisjordania ocupada.

El texto también cuestiona el sistema de justicia militar aplicado a los palestinos, al señalar que ofrece escasas garantías en comparación con el derecho civil israelí, que favorece a los colonos. Durante los procesos penales, añade, se vulneran de forma sistemática los derechos al debido proceso y a un juicio justo.

La ONU advierte además que la situación en los Territorios Palestinos Ocupados se ha deteriorado “drásticamente” desde diciembre de 2022 y se ha agravado tras el 7 de octubre de 2023, con un incremento del uso ilícito de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, represión de la sociedad civil y restricciones indebidas a la libertad de prensa.

A ello se suma una escalada de la violencia de los colonos, que en numerosos casos se produce “con la aquiescencia, el apoyo o la participación de las fuerzas de seguridad israelíes”, así como la apropiación de miles de hectáreas de tierras palestinas destinadas en su mayoría a la expansión de asentamientos.

El informe documenta también “asesinatos ilegales y otras formas de violencia estatal y de ocupación”, incluyendo la muerte de un niño de diez años por disparos en el abdomen y la de una mujer embarazada de ocho meses, ambos a manos de tropas israelíes. Asimismo, denuncia la impunidad generalizada: de más de 1.500 palestinos muertos entre enero de 2017 y septiembre de 2025, solo se abrieron 112 investigaciones y se registró una única condena.

“Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania”, afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien advirtió que esta situación afecta todos los aspectos de la vida cotidiana, desde ir a la escuela o al hospital hasta cosechar aceitunas. A su juicio, se trata de “una forma particularmente grave de discriminación racial y segregación, similar a un sistema de apartheid”.

Türk subrayó que las tendencias negativas no solo persisten, sino que se han acelerado, y recordó que miles de palestinos continúan detenidos arbitrariamente, en su mayoría bajo detención administrativa, sin cargos ni juicio. Por ello, instó a Israel a derogar todas las leyes y prácticas que perpetúan la discriminación sistémica, poner fin a su presencia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados, desmantelar los asentamientos y respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.