OTJ denuncia ante Suprema presuntas irregularidades en contrato informático por $472 millones

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) presentó una denuncia formal ante el Pleno de la Corte Suprema, solicitando la apertura de un sumario administrativo contra las ministras Adelita Ravanales Arriagada y María Gajardo Harboe, por eventuales irregularidades en la adjudicación de un contrato informático superior a los $472 millones.

Según expone la organización gremial, el Poder Judicial habría adjudicado mediante trato directo un contrato para la modernización del Portal Unificado de Sentencias a la empresa Replai SpA, firma que —al momento de la adjudicación— contaba con solo un año de existencia, no registraba facturación, no tenía experiencia comprobable en proyectos de similar envergadura y carecía de respaldo financiero suficiente para emitir boletas de garantía.

Pese a ello, la contratación se justificó invocando la causal de “confianza derivada de experiencia comprobada”, argumento que, a juicio de la OTJ, no se cumpliría en este caso.

La denuncia recoge y amplía antecedentes publicados por Radio Biobío, donde se detalla el rol que habrían tenido ambas ministras en la promoción del proyecto ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Entre los puntos cuestionados se incluye su participación en sesiones extraordinarias, así como la presentación directa de los representantes de la empresa beneficiada ante dicha instancia.

Asimismo, el documento advierte que posteriormente se habrían autorizado mecanismos de garantía alternativos, debido a la imposibilidad de la empresa de acceder a instrumentos financieros tradicionales, lo que —según la organización— contravendría los estándares habituales de contratación pública.

La OTJ también señala que en enero de 2024 se intentó ampliar el contrato por un monto superior a los $1.000 millones, iniciativa que finalmente no prosperó. Además, acusa que frente a denuncias internas sobre eventuales irregularidades, se habrían impulsado acciones para investigar al denunciante, lo que la organización interpreta como un intento de inhibir la fiscalización interna.

En su presentación ante la Corte Suprema, la OTJ sostiene que los hechos descritos podrían configurar graves responsabilidades disciplinarias, incluyendo incumplimiento de la normativa de compras públicas, vulneración del principio de probidad, uso indebido de influencias, falta de abstención, manejo imprudente de recursos públicos y eventuales infracciones al Código de Ética Judicial.

Por estos motivos, la organización solicitó la apertura inmediata de un sumario administrativo, la suspensión de las ministras mientras se desarrolla la investigación y la aplicación de las máximas sanciones que contempla el ordenamiento jurídico, en caso de acreditarse las responsabilidades denunciadas.