Rechazan proyecto que permitiría prisión domiciliaria a exagentes de la dictadura

El proyecto de ley que busca permitir que personas mayores de 80 años cumplan sus condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria ha generado un fuerte rechazo desde organizaciones de derechos humanos, que advierten que la iniciativa podría favorecer directamente a exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La propuesta, impulsada por parlamentarios de derecha y actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, establece que personas privadas de libertad que superen los 80 años y acrediten enfermedades físicas o mentales graves puedan cumplir sus penas en sus domicilios. Para activistas y espacios de memoria, el proyecto constituye una vía indirecta para otorgar beneficios penitenciarios a responsables de crímenes de lesa humanidad, utilizando como justificación razones humanitarias.

Erika Hennings, integrante de la Mesa de Trabajo del espacio de memoria Londres 38, sostuvo que la iniciativa apunta directamente a beneficiar a los internos del penal Punta Peuco, donde cumplen condena exagentes del régimen militar. “Esta es una ley que pretende privilegiar, mediante un subterfugio, a los presos de Punta Peuco”, afirmó.

La activista subrayó que el paso del tiempo no atenúa la responsabilidad penal por delitos de lesa humanidad. “La vejez no redime. Estas personas fueron condenadas décadas después de haber cometido los crímenes, por eso hoy son ancianas, no porque hayan colaborado con la justicia ni asumido responsabilidades”, señaló.

Londres 38 —casona ubicada en el centro de Santiago que funcionó como centro de detención, tortura y desaparición durante los primeros años de la dictadura— ha planteado que cualquier discusión sobre eventuales beneficios penitenciarios debería considerar exigencias estrictas. Entre ellas, la colaboración efectiva con la justicia y la entrega de información verificable sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “Es imprescindible que exista una colaboración comprobable respecto de la verdad que han decidido ocultar durante tantos años”, agregó Hennings.

Desde el Ejecutivo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, así como desde sectores oficialistas, también se ha manifestado rechazo al proyecto, argumentando que contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que establecen que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de medidas que impliquen impunidad.

En el ámbito político, Hennings advirtió además sobre el escenario que se abrirá con la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast, a la que calificó como una amenaza para las políticas de verdad y justicia. “Durante el último año hemos visto una escalada de negacionismo, intentos de impunidad y reivindicación de la dictadura desde sectores de ultraderecha”, afirmó.

Actualmente, en el penal Punta Peuco hay 138 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. De acuerdo con cifras oficiales, entre 1973 y 1990 más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 asesinadas y alrededor de 200.000 obligadas al exilio, antecedentes que —según las organizaciones de memoria— refuerzan la necesidad de mantener el principio de justicia efectiva frente a crímenes de lesa humanidad.