SII denuncia millonaria trama de evasión tributaria vinculada a integrante de la mafia china investigada por secuestros
La acción judicial presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía y reveladad hoy por Informe Especial (TVN). apunta a Wenchuang Jin —ya formalizado por secuestro, lavado de activos y asociación criminal— y revela un entramado de empresas de papel creadas para emitir facturas falsas.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delito tributario contra Wenchuang Jin, ciudadano chino radicado en Chile e identificado por el Ministerio Público como parte de la mafia conocida como Hongmen, organización vinculada a secuestros, tráfico de personas y lavado de activos. Jin ya se encuentra en prisión preventiva por múltiples cargos, pero ahora enfrenta además una acusación por evasión tributaria mediante el uso sistemático de facturas falsas.
La querella, revelada por Informe Especial de TVN, detalla que Jin rebajó indebidamente el IVA de su empresa Comercial Maxim Limitada, con domicilio formal en Punta Arenas, utilizando 73 facturas falsas emitidas durante 2021 por cinco sociedades ficticias: Distribuidora Lama SpA, China Supply SpA, Construcciones Chile SpA, Comercializadora Zao SpA y Publicar SpA.
El perjuicio fiscal supera los $70 millones, aunque el SII advierte que el grupo de empresas involucradas acumula más de $1.000 millones en documentos sin rendir.
Empresas de papel creadas en un solo día
La investigación tributaria identifica como figura central a Patricio Salazar, creador simultáneo, el 23 de julio de 2021, de las cinco sociedades desde las cuales se emitieron las facturas falsas. Todas comparten características comunes: mismo domicilio en el sector oriente de Santiago, ausencia total de trabajadores, inexistencia de activos fijos y ventas injustificadamente abultadas.
Por ello, Salazar fue incluido en la querella como autor del delito de facilitación de documentos tributarios falsos.
Pero el caso no termina allí. El SII también remitió al Ministerio Público información sobre otras siete sociedades con patrones similares de conducta impositiva, entre ellas Mundialmente SpA, NY-Boutique SpA, Mastercarga, Futuro SpA, Distribuidora Regional SpA, Santiago SpA y El Monton SpA, todas vinculadas a grupos empresariales chinos en Chile.
Llama la atención el caso de El Monton SpA, una sociedad que en 2019 tuvo entre sus propietarios al empresario Rodrigo Abugattas, involucrado en disputas judiciales por la herencia del comerciante indio Mahesh Kumar Makhijani, asesinado en 2018 en Barrio Meiggs.
Vínculos con la mafia china y una contabilidad bajo sospecha
La empresa de Jin operaba contablemente a través de Sinocorp Consulting, firma allanada por la PDI en diciembre pasado en el marco de la Operación Muralla Oriental, investigación que permitió detectar por primera vez en Chile la estructurada y violenta organización criminal Hongmen.
En esas oficinas, administradas por Xingfa Zhou —conocido por su red de malls NewTree— se incautó abundante información contable de cientos de comerciantes. En su querella, el SII solicita que el Ministerio Público cite a declarar a Hongzhi Wang, representante legal de Sinocorp, para aclarar las inconsistencias tributarias de Maxim Limitada.
Paralelamente, informes policiales han detectado otras empresas de papel creadas por Jin, sin actividad comercial real y registradas para “dar apariencia de legalidad” a activos ilícitos. Entre ellas figuran sociedades con domicilio en Santiago y Antofagasta, como Gran Hong Kong y Venta e Importaciones Wenchuang Jin.
El contexto criminal: secuestros, trata y lavado
Wenchuang Jin permanece en prisión preventiva por su participación en el secuestro de un empresario chino, delitos de lavado de activos y asociación criminal. La Fiscalía ha vinculado estas operaciones a la mafia Hongmen, especializada no solo en delitos económicos, sino también en secuestros y explotación sexual.
Antes de la irrupción de Hongmen, en Chile solo se había detectado la presencia de la banda Bang de Fujian, investigada por plantaciones de marihuana indoor y tráfico de migrantes, cuyos miembros —pese a condenas anteriores— continuaron operando en delitos de mayor sofisticación.
La investigación recién comienza, pero el SII advierte que la red tributaria detectada podría ser solo una parte del engranaje financiero que sustentaba las operaciones criminales de Jin en el país. Las siete empresas adicionales mencionadas en la acción penal quedaron ahora bajo la lupa del Ministerio Público, que deberá determinar si existió un entramado mayor para defraudar al fisco y lavar dinero ilícito.
El caso abre un nuevo frente en la persecución de estructuras delictuales transnacionales que han encontrado en Chile un terreno fértil para actividades financieras opacas, utilizando mecanismos de constitución societaria rápida y la informalidad del comercio urbano como plataforma para ocultar operaciones.
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