Sin “normas de amarre”: Senado despacha a tercer trámite proyecto de Reajuste del Sector Público

Pasadas las 20 horas de ayer, la Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto de Reajuste del Sector Público. Por 28 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención fue aprobado el texto en general y, en particular, todas aquellas normas sobre las cuales no se solicitaron votaciones separadas, ni se presentaron indicaciones.

En tanto, aguinaldos y bonos acordados con la mesa del sector público fueron asegurados por unanimidad, al igual que lo dispuesto sobre teletrabajo, que se prorrogará hasta 01 de marzo de 2027.

Sobre imputación de gastos se generó debate en torno a estabilidad financiera y la realidad de la Ley de Presupuestos. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió que “se mirará cómo bajaron los ingresos el 2025 respecto a la proyección, qué parte se repetiría el 2026 y cuáles son solo coyunturales para hacer corrección”.

Reposiciones

En la instancia se repuso el pago y reajuste del Bono Atacama; el bono de término de conflicto; y adelantar la instalación del Consejo de la Agencia de Protección de Datos Personales.

También avanzaron normas sobre compras de universidades y trato directo; protección a las personas electrodependientes; actualización planta del Ministerio de Vivienda.

Distinta suerte corrió lo referido a asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, que buscaba precisar indemnidad de remuneraciones, operación de asambleas y audiencias con autoridades, lo que fue rechazado por 19 votos a favor y 20 en contra.

Tampoco alcanzó los votos lo concerniente a la planta del Instituto de Previsión Social; ni el cese de funciones de asesores de confianza en conjunto a las autoridades que asesoran, por obligación legal.

La propuesta sobre la expansión del giro de Correos de Chile no alcanzó los votos requeridos para su aprobación.

Rechazo a “normas de amarre”

Por otra parte, con 18 votos a favor y 21 en contra se rechazó una norma sobre reglas de no renovación de contrata. El ministro Grau explicó que en el gobierno central trabajan 100 mil personas en planta y 287 mil a contrata, lo que implica que éstas últimas trabajan en funciones de carácter permanente, por lo que se buscaba que, en el caso de no renovarse su contrata, se hiciera por un acto fundado.

Acto seguido se rechazó una norma que establecía que cuando una persona que haya trabajado a contrata cinco años o más y reclame ante la Contraloría, ésta tiene el deber de entregar su opinión al respecto si es que ese caso en particular no está judicializado.

Asimismo, se rechazó una disposición que buscaba anticipar el traspaso del servicio local de educación pública en la región de O’Higgins.

Por otra parte, se aprobó una norma que permite que la Subsecretaría de Derechos Humanos tenga la función de realizar investigaciones administrativas por adopciones forzadas.

Además, se aprobó una disposición que señala que las mutualidades de empleadores y las demás instituciones que mantengan hospitales podrán solicitar autorización para extender la atención médica que presten sus establecimientos cuando estén en condiciones para ello sin desmedro de las funciones y obligaciones que tienen por ley.

La iniciativa hoy se vota en tercer trámite en la Cámara de Diputados y, de haber discrepancias con el Senado, el debate pasará a Comisión Mixta.