Tras 50 años: Suprema dicta condenas contra exagentes de la dictadura por desaparición de universitario en 1976
El fallo definitivo ratificó penas de presidio por secuestro calificado y rechazó recursos de casación, aunque descartó el delito de asociación ilícita.
La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la causa por la desaparición de José Edilio Flores Garrido, estudiante universitario y dirigente del Partido Comunista, detenido el 11 de agosto de 1976 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Según la investigación, Flores fue detenido la tarde de un miércoles por agentes de Comando Conjunto, una organización jerarquizada de facto conformada por funcionarios de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros y civiles. Tras esto, lo trasladaron a un centro de detención clandestino en Santiago, para luego perderse su rastro.
La resolución la adoptaron las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y Dobra Lusic (s), junto a los abogados integrantes Eduardo Gandulfo y Raúl Fuentes, quienes confirmaron la sentencia de primera instancia que dictó la ministra Marianela Cifuentes.
El fallo mantuvo la condena del coronel (r) de la Aviación Juan Francisco Saavedra a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Además, autorizó el cumplimiento de la pena en reclusión domiciliaria total debido a su avanzada edad.
Asimismo, se condenó al capitán (r) de la Armada Daniel Guimpert Corvalán y al coronel de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa a ocho años de presidio mayor. Por su parte el sargento segundo de Carabineros Alejandro Sáez Mardones recibió seis años de presidio. Todos como autores de secuestro calificado, con cumplimiento efectivo.
La Corte rechazó los recursos de casación interpuestos contra el fallo inicial. Pero dejó sin efecto los cargos por asociación ilícita, consignando que no existían argumentos suficientes para mantenerlos.
Francisco Ugás Tapia, abogado querellante, señaló que “el transcurso del tiempo no fue un obstáculo para juzgar y sancionar este crimen”, aunque lamentó que se descartara la asociación ilícita.
Impunidad encubierta
Por su parte, Roberto Flores Garrido, hermano de la víctima, afirmó que el fallo “vuelve a representar una forma de impunidad encubierta”. Cuestionó la reclusión domiciliaria otorgada a uno de los condenados, señalando que aún se desconoce el destino de la víctima.
“Esta resolución vuelve a negarnos la verdad: cómo murió, quiénes lo asesinaron y dónde están sus restos”, declaró.
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