En el marco de la tercera jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su abogado defensor, Jorge Valladares, cuestionó el rol del resto de los magistrados que integraron la Tercera Sala del máximo tribunal en los fallos que favorecieron a la empresa Belaz Movitec (CBM).
Al iniciar sus alegatos, el jurista sostuvo que su representada enfrenta una “camotera institucional” y afirmó que en la causa “no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal”.
En esa línea, Valladares aseguró que la Fiscalía evitó imputar el delito de haber forzado a otros a dictar una sentencia injusta, ya que —a su juicio— aquello haría “caer la línea de flotación de la imputación”. Según explicó, Vivanco corresponde solo a “un voto dentro de una sala” y recordó que en la resolución participaron “otros cuatro ministros”.
Cabe recordar que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la Tercera Sala de la Corte Suprema —presidida entonces por Vivanco— falló a favor del consorcio bielorruso en su litigio con Codelco, presuntamente debido a pagos irregulares efectuados por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes de CBM y cercanos a la exministra.
Respecto de la imputación por cohecho, la defensa sostuvo que esta se basa en un supuesto incumplimiento de deberes por no declarar inhabilidad, a partir de causales de implicancia como “íntima amistad” o “interés en el resultado”. Sin embargo, Valladares afirmó que dicho reproche se sitúa en normas que regulan el procedimiento judicial, lo que —a su juicio— impediría la persecución penal de ministros del máximo tribunal en ese ámbito.
Cinco votos
El abogado recalcó además que los fallos de la Corte Suprema se adoptan de manera colegiada y que en el caso participaron otros cuatro magistrados. “No se atreven a hablar de torcida administración de justicia, porque, en definitiva, tendríamos que tener no uno, sino cinco ministros sentados aquí”, afirmó.
“El cohecho, en los términos en que ha sido planteado, no es suficiente ni eficiente para provocar el acontecimiento. Hay una absoluta falta de sentido, de realidad en entender que alguien, por (…) tener un grado de íntima amistad con una de las partes —además, dicho sea de paso, es uno de los abogados—, en definitiva se habría terminado provocando un perjuicio a la gigante (Codelco)”, añadió.
Finalmente, Valladares sostuvo que, si se quisiera dar una relevancia penal al caso, el cuestionamiento debiera apuntar a una eventual torcida administración de justicia y no a cohecho. “En definitiva, no es uno, sino que cinco ministros los que participan. Es más, tendría la complicidad del prosecretario, que tendría la complicidad de la relatora y, en general, de todos quienes, de alguna manera, tenían la obligación de denuncia”, cerró.
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