Al menos cinco ministros, entre ellos la jefa de gabinete, del nuevo Gobierno de Perú están bajo investigación
La jefa del Consejo de Ministros y titulares de Interior, Justicia, Vivienda, Medio Ambiente y Educación registran causas abiertas o antecedentes fiscales. El Ejecutivo de José María Balcázar deberá buscar el voto de confianza en un Congreso fragmentado.
El nuevo gabinete de Perú, encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, comenzó su gestión bajo presión política, luego de que se confirmara que al menos cinco de sus integrantes —incluida la propia jefa de gabinete— mantienen investigaciones fiscales activas o han sido objeto de denuncias por distintos presuntos delitos.
La situación marca el primer foco de tensión para la administración del presidente José María Balcázar, en momentos en que el Ejecutivo debe presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza obligatorio.
El equipo ministerial ya había enfrentado controversia tras la fallida designación del economista Hernando de Soto como jefe del gabinete, quien fue descartado apenas dos días después de su anuncio debido a diferencias con el mandatario.
Las investigaciones en curso
De acuerdo con antecedentes difundidos en Perú a partir de declaraciones juradas y registros fiscales, las indagaciones alcanzan a los titulares de Interior, Justicia, Vivienda, Medio Ambiente y Educación, con acusaciones que incluyen presunta falsificación de documentos, colusión agravada, omisión de funciones y lavado de activos.
El ministro del Interior, Hugo Begazo, es investigado por la presunta falsificación de un documento público vinculado a una declaración firmada durante su etapa como alto mando policial en Lima.
En el caso del ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, registra tres investigaciones activas en el Ministerio Público: una por presunta colusión agravada y dos por supuesto aprovechamiento indebido del cargo. Además, arrastra procesos archivados y expedientes disciplinarios por eventuales infracciones administrativas.
El titular de Vivienda, Wilder Alejandro Quilcate, figura con hasta seis procesos abiertos, entre ellos por presunta usurpación de funciones y lavado de dinero.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, es investigada por posible omisión de funciones y por un presunto delito de genocidio, en relación con su desempeño anterior como ministra de Desarrollo Agrario durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, en el contexto de la represión de protestas sociales entre 2022 y 2023 que dejaron más de 50 fallecidos.
Denuncias archivadas y antecedentes
El ministro de Educación, Erfurt Castillo, fue denunciado en 2013 por una presunta agresión sexual; sin embargo, la causa fue archivada.
El titular de Economía, Gerardo López Gonzáles, afirmó no tener denuncias vigentes, aunque reconoció la existencia de investigaciones preliminares vinculadas a eventuales delitos tributarios, respecto de las cuales —según señaló— dispone de información aclaratoria.
A estos casos se suman ministros con denuncias archivadas, como el titular de Salud, Luis Napoleón Quiroz, en una causa por presuntos sobornos; la ministra de Cultura, Fátima Altabas; y el ministro de Producción, César Quispe Luján, quien acumuló una decena de procesos posteriormente cerrados.
La propia Miralles, además de la investigación por presuntos delitos ambientales vinculados a su gestión anterior en una agencia de inversión, fue indagada en el pasado por lavado de dinero y otras acusaciones de corrupción.
El voto de confianza, prueba clave
El gabinete deberá comparecer en los próximos días ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Diversas bancadas ya han anticipado reparos, argumentando que la recomposición ministerial responde a un reordenamiento interno de poder tras la salida de Hernando de Soto.
El desenlace legislativo será determinante para la estabilidad del Ejecutivo, en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década y que mantiene un escenario político altamente fragmentado.
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