Análisis advierte que la brecha digital en Chile sigue marcada por la pobreza y la desigualdad territorial

La persistencia de la pobreza y la desigualdad territorial continúa siendo un factor decisivo en la brecha digital en Chile. Así lo plantea un análisis del periodista Daniel Vak Contreras, director ejecutivo de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Chile (Cotel), quien advierte que, pese a los avances en acceso a internet, la inclusión digital sigue profundamente condicionada por el nivel socioeconómico y la ruralidad.

Según datos de la XII Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Internet 2025 de Subtel, el acceso a internet en los hogares aumentó desde 87,4% en 2017 a 96,6% en 2025. En zonas rurales, el salto fue de 76,7% a 95,1%, lo que refleja un progreso relevante. Sin embargo, el informe advierte que cerca de un 25% de los hogares solo se conecta a través del teléfono móvil, lo que equivale aproximadamente a 1,7 millones de personas, principalmente en sectores rurales, con limitaciones en calidad de acceso y uso productivo de la red.

Vak Contreras sostiene que la brecha no es solo de cobertura, sino también de uso. Comunas rurales como Melipeuco, Villa Alegre y Maullín registran los niveles más bajos de digitalización, con menor acceso a dispositivos, menos diversidad en el uso de internet y una integración digital limitada. A esto se suma que el segmento de usuarios avanzados se concentra mayoritariamente en los niveles socioeconómicos altos (A, B y C1), donde existe mayor capacidad para generar ingresos digitales y realizar transacciones en línea.

El análisis cita además el Índice de Digitalización Comunal (IDC) 2025, elaborado por el Núcleo Milenio de Desigualdades y Oportunidades Digitales (NUDOS), que ubica a Providencia, Las Condes y Ñuñoa en los primeros lugares a nivel nacional, mientras que varias comunas rurales quedan rezagadas en inclusión digital.

Para el autor, la evidencia acumulada en los últimos años apunta a una herramienta concreta para cerrar esta brecha: el subsidio a la demanda. Vak Contreras recuerda que la Ley 21.678 reconoce el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones y promueve mecanismos para subsidiar el pago de cuentas a usuarios vulnerables. Sin embargo, sostiene que su implementación ha sido insuficiente.

“Al igual que el agua potable y la electricidad, la conectividad digital es hoy un servicio básico”, plantea el análisis, que llama a integrar esta evidencia en la política pública. De lo contrario, advierte, más de un millón de personas en comunas como Colchane, Tirúa, Arauco, Ercilla, Lonquimay, San Juan de la Costa, Chaitén o Guaitecas seguirán esperando acceso efectivo a internet.

El estudio también recoge resultados de un índice comparativo de apropiación digital elaborado por la CAF y el Centro Nacional de Consultoría para Chile, Colombia y Perú, que concluye que el nivel de pobreza incide significativamente en la capacidad de transformar la tecnología en oportunidades reales, considerando variables como conectividad, equipos disponibles y habilidades digitales.

Para Vak Contreras, la discusión ya no pasa por si la conectividad debe ser prioritaria, sino por cómo acelerar políticas que permitan a los sectores de menores ingresos integrarse plenamente al ecosistema digital. La brecha, concluye, no es solo tecnológica: es social y económica.