Camanchaca demanda al Fisco por cambios a Ley de Pesca y acusa perjuicio cercano a US$100 millones

La empresa pesquera Camanchaca presentó una demanda contra el Fisco ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, acusando un perjuicio económico cercano a los US$100 millones tras los cambios introducidos por la Ley de Fraccionamiento Pesquero. La acción judicial busca una compensación por los efectos que, según la firma, tuvo la reducción de sus derechos sobre cuotas de captura de jurel, sardina y anchoveta.

La compañía, asesorada por el abogado Jorge Bofill, sostiene que durante más de una década el Estado consolidó un sistema de reglas claras para la actividad pesquera, basado en licencias transables y en un fraccionamiento de cuotas garantizado al menos hasta 2032. Sobre esa base —afirman— la empresa tomó decisiones de inversión relevantes, asumió mayores cargas económicas y pagó royalties elevados, confiando en la estabilidad del marco regulatorio.

Ricardo García, gerente general de Camanchaca, explicó que la modificación legal alteró esas condiciones y afectó directamente los derechos de propiedad asociados a las cuotas. “En Chile rige el principio de que todo daño debe ser indemnizado por quien lo causa. En este caso, el daño lo provocó el Estado a través de la actuación del Estado legislador”, indicó Bofill.

Según la empresa, el impacto económico se extiende hasta 2040, fecha que considera como horizonte de los efectos de la nueva normativa. Solo en el caso del jurel, la firma estima una merma de decenas de miles de toneladas anuales, lo que se traduce en una reducción significativa de ingresos y en un efecto directo sobre sus operaciones.

Camanchaca subraya que el cambio regulatorio no solo afecta a la compañía, sino también a la continuidad de inversiones, a la estabilidad del empleo y a la producción de alimentos. En sus declaraciones públicas, la firma acusó que el debate en torno a la industria ha estado marcado por una “narrativa ideologizada” que ha terminado impactando a economías regionales donde opera el sector pesquero.

La empresa aseguró que con la demanda busca dejar constancia judicial de los perjuicios y establecer responsabilidades mientras la normativa continúa vigente. Hasta ahora, no contempla cierres inmediatos de operaciones, aunque advierte que la reducción de cuotas limita su capacidad de crecimiento y planificación futura.

La acción judicial se enmarca en un escenario de tensión entre parte de la industria pesquera y el Estado por la redistribución de cuotas entre el sector industrial y el artesanal, discusión que sigue abierta en el ámbito político y regulatorio. Camanchaca anticipó que defenderá su posición en tribunales mientras continúa operando bajo el nuevo esquema legal.