Caso ProCultura: chats, convenios y el escenario judicial que enfrenta Claudio Orrego
Conversaciones previas a la aprobación de recursos públicos, nombramientos estratégicos y una solicitud de desafuero mantienen bajo escrutinio al gobernador metropolitano en la investigación por presunto fraude al fisco.
La investigación que conduce el Ministerio Público por el denominado Caso ProCultura volvió a tensionar al Gobierno Regional Metropolitano, luego de que se revelaran conversaciones privadas, vínculos previos y decisiones administrativas que involucran al gobernador Claudio Orrego. Mientras la Fiscalía indaga un convenio por más de $1.600 millones adjudicado a la fundación dirigida por Alberto Larraín, la Corte de Apelaciones debe pronunciarse sobre un eventual desafuero del jefe regional.
El Séptimo Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional para Larraín, imputado por fraude al fisco, en el marco de las diligencias por el programa “Quédate”, iniciativa de prevención del suicidio financiada con recursos del Gobierno Regional Metropolitano y ejecutada por la Fundación ProCultura.
Chats, adjudicación y vínculos previos
Según un reportaje emitido por T13, la Fiscalía de Antofagasta recopiló conversaciones de WhatsApp sostenidas semanas antes de que el proyecto fuera presentado al Consejo Regional. En uno de esos intercambios, Larraín afirmó que “Orrego me quiere pasar como dos mil millones”, referencia que antecede a la discusión formal del convenio por $1.683.788.000, aprobado sin licitación.
El Ministerio Público sostiene que el programa no se ejecutó completamente y que cerca de mil millones de pesos quedaron sin rendición adecuada. Además, los fondos fueron depositados en instrumentos financieros el mismo día de su traspaso, operación que es objeto de cuestionamientos por parte de la Fiscalía.
En paralelo a la tramitación del proyecto, Larraín fue designado, a propuesta de Orrego, como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana. Posteriormente, y tras el estallido del Caso Convenios en 2023, el psiquiatra renunció a su cargo en el GORE. Ese mismo día, el gobernador le envió un mensaje vía Telegram en el que señaló de forma textual: “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”.
El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, sostuvo en entrevista con El Líbero que “están los antecedentes suficientes como para otorgar el desafuero”, precisando que “eso no significa que él sea culpable, sino que se requiere para poder formalizar y aplicar medidas cautelares de mayor intensidad”.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.