Caso ProCultura: Fiscalía acusa a Orrego de “abuso de cargo” en traspaso de $1.600 millones

Tras la tercera jornada de formalización del caso ProCultura, el Ministerio Público sostuvo que el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, intervino de manera irregular en la entrega de $1.683 millones a la fundación liderada por Alberto Larraín. La audiencia se desarrolló en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y busca medidas cautelares contra los imputados, además de servir de antecedente para un posible desafuero del gobernador.

Según la Fiscalía, el traspaso se realizó en 2022 sin licitación, en una sola cuota y pese a la falta de experiencia de la organización para ejecutar el proyecto “Quédate”, que tenía el objetivo de prevenir el suicidio.

De acuerdo con la exposición del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, “Orrego abusó de su cargo de gobernador regional metropolitano” al suscribir el convenio y autorizar el traspaso de fondos a ProCultura, pese a que la fundación no contaba con “capacidad, idoneidad, competencia y experticia” para el proyecto adjudicado. La Fiscalía detalló que, tras el estallido del caso Convenios en 2023, quedaron sin ejecutar más de $1.015 millones, recursos que habrían sido destinados a fines distintos a los establecidos.

La investigación también abordó la relación previa entre Orrego y Larraín, que se remonta a más de una década. Según la Fiscalía, ambos compartieron militancia en la DC y mantuvieron vínculos profesionales desde la gestión de Orrego como alcalde de Peñalolén. En 2022, el gobernador propuso a Larraín como director de la Corporación Regional de Turismo, presidida por el propio Orrego, cargo al que renunció en 2023. 21 después de ese nombramiento se concretó el millonario traspaso a ProCultura.

Vínculos y decisiones bajo cuestionamientos

En la minuta de formalización, de 47 páginas, el apellido Orrego fue mencionado en 70 ocasiones. El Ministerio Público sostuvo que el gobernador omitió inhabilitarse pese a la existencia de vínculos personales y políticos previos, configurando un conflicto de interés. Además, afirmó que no se realizó un proceso abierto de selección, lo que equivaldría a una asignación de recursos “a dedo”.

La Fiscalía también señaló que, el mismo día de la transferencia, la fundación invirtió los fondos en instrumentos financieros, práctica prohibida por la Ley de Presupuestos, sin que el convenio incluyera cláusulas que lo impidieran. En mayo de 2024, el Gobierno Regional Metropolitano presentó una querella contra ProCultura.

La audiencia en curso continuará con la revisión de antecedentes para resolver las solicitudes de prisión preventiva y evaluar el desafuero de Claudio Orrego.

El abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, afirmó que esperan que la Corte de Apelaciones de Santiago ponga en tabla el desafuero, mientras que la defensa del gobernador, encabezada por el abogado Aldo Díaz, señaló que Orrego descarta irregularidades y cuestionó el alcance de las gestiones del Ministerio Público.