Comercio alerta incertidumbre por entrada en vigencia de Ley de Plásticos de Un Solo Uso

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestó su preocupación ante la inminente entrada en vigencia de nuevas exigencias contempladas en la Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley PUSU), advirtiendo que aún no existe un reglamento vigente que precise aspectos operativos clave para su correcta aplicación.

Desde este 13 de febrero, supermercados y establecimientos de expendio de alimentos deberán cumplir con la tercera etapa de la normativa. Entre las medidas que comienzan a regir se encuentra la obligación de que los supermercados exhiban al menos un 30% de bebidas en botellas retornables en sus vitrinas; la prohibición de entregar productos de un solo uso para consumo dentro del local, salvo que sean biodegradables certificados; y la limitación de desechables fuera del establecimiento, permitidos únicamente si corresponden a materiales no plásticos valorizables o plásticos certificados y siempre “a pedido” del consumidor.

Sin embargo, a horas del inicio de esta fase, la CCS alertó que no existe un reglamento que establezca parámetros claros sobre materias esenciales, como la definición de “vitrina”, la forma de calcular el porcentaje exigido o los criterios de fiscalización que se aplicarán. A juicio del gremio, esta falta de definiciones abre espacio a interpretaciones disímiles y eventuales fiscalizaciones contradictorias, lo que podría afectar la operación diaria del comercio y la certeza jurídica necesaria para cumplir adecuadamente la ley.

“La sostenibilidad es un objetivo compartido y el comercio ha cumplido progresivamente con las obligaciones que establece la ley, cuyo espíritu compartimos a cabalidad. Pero para implementar adecuadamente una norma que impacta directamente en la operación diaria de supermercados y otros establecimientos, se requieren reglas claras y criterios uniformes”, afirmó la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.

Ante este escenario, el gremio informó que solicitó formalmente pronunciamientos a la Contraloría General de la República y al Ministerio del Medio Ambiente, con el objetivo de contar con una interpretación oficial que entregue mayor claridad a los actores regulados.

“La correcta implementación de una política ambiental exige certeza normativa. Sin reglas claras, se pone en riesgo no solo la operación del comercio, sino también el objetivo de promover un cambio cultural efectivo en materia de gestión de residuos”, concluyó la dirigente gremial.