Condenan a 12 años de cárcel a hombre de 66 años por abuso sexual reiterado contra tres menores

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio condenó a un hombre chileno de 66 años a la pena efectiva de 12 años de presidio mayor en su grado medio, tras ser declarado autor del delito reiterado de abuso sexual contra menores de 14 años, hechos cometidos entre 2018 y 2022 en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

El juicio se desarrolló ante una sala presidida por la magistrada María Angélica Martínez Gómez, e integrada por los jueces Sergio Ortiz Huechapán y Edgardo Castro Fuentes, instancia en la que el Ministerio Público presentó diversas pruebas para acreditar la responsabilidad del acusado.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Ricardo Méndez, los hechos afectaron a tres menores de edad. Dos de los episodios ocurrieron al interior del domicilio del imputado, mientras que el tercero se registró cuando el sujeto ingresó a la vivienda de una de las víctimas en el contexto de trabajos de mantención y labores eléctricas.

El persecutor detalló que, entre 2017 y 2019, el acusado incurrió en conductas de carácter sexual reiteradas contra una menor en su domicilio. Asimismo, entre 2018 y 2019 ejecutó actos de significación sexual impropios contra otra niña, mientras que en 2022 realizó un nuevo acto de connotación sexual que afectó a una tercera víctima.

Relatos coherentes y prueba contundente

Durante el juicio se presentó prueba testimonial, pericial y documental, incluyendo las declaraciones de las víctimas, las cuales fueron consideradas verosímiles por el tribunal.

En la sentencia, los magistrados señalaron que las menores expusieron los hechos de manera coherente, con relatos lógicos y consistentes, situando las acciones en contextos temporales y espaciales definidos. Asimismo, indicaron que no se observaron indicios de manipulación ni motivaciones secundarias en sus testimonios, los cuales fueron corroborados por otros antecedentes probatorios.

Penas accesorias e inhabilitación perpetua

Además de la pena de cárcel efectiva, el tribunal impuso al condenado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación para desempeñar profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, se decretó la inhabilitación perpetua para ejercer funciones, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que impliquen una relación directa y habitual con menores de edad.

El fallo también estableció la vigilancia de la autoridad durante los diez años posteriores al cumplimiento de la pena, periodo en el que el condenado deberá informar trimestralmente su domicilio a Carabineros, además de la interdicción para ejercer la guarda de menores en los casos establecidos por la ley.