Coronel denuncia al director nacional de Gendarmería por acoso y perjuicio laboral
La directora regional de Gendarmería de Chile en La Araucanía, Denise Melgarejo, interpuso un recurso de protección y una tutela laboral contra Rubén Pérez Riquelme, acusando falta de imparcialidad, acoso y perjuicios a su carrera funcionaria, según informó Interferencia.
La directora regional de Gendarmería en La Araucanía, coronel Denise Melgarejo, presentó dos acciones judiciales contra el director nacional de la institución, Rubén Pérez, por acoso laboral y persecución.
Así lo reveló Interferencia, medio que precisó que la primera acción se trata de un recurso de protección ingresado el pasado 7 de enero ante la Corte de Apelaciones de Temuco. La misiva acusa a Pérez de no haberse abstenido de resolver un sumario en contra de Melgarejo —iniciado en 2022 y resuelto en diciembre de 2025— en que se la culpó por comprar un departamento mientras era beneficiaria de una vivienda fiscal.
Según el recurso, el director de Gendarmería habría mantenido contacto con la coronel desde 2020, mediante mensajes de WhatsApp, descritos como “expresiones personales, insinuaciones de carácter afectivo y manifestaciones impropias y de índole privada que no corresponden a una relación funcionaria y jerárquica, pues son ajenas a cualquier tipo de contexto profesional o institucional”.
El citado medio dio a conocer un pantallazo a la conversación entre ambos, fechado el fechado el 14 de febrero de 2020, en que Pérez escribe: “Ud es una mujer encantadora y cada vez que la veo lamento no haber hecho las cosas mejor para haberla hecho mi mujer”.
El recurso sostiene que la negativa de la oficial a corresponder dichas conductas habría derivado posteriormente en consecuencias negativas para su situación funcionaria.
La acción judicial busca la invalidación de las sanciones aplicadas, argumentando que la autoridad que resolvió el sumario se encontraba legalmente impedida de intervenir por una eventual causal de abstención.
Indemnización
En paralelo, la coronel presentó una tutela laboral en la que solicita una indemnización de $50 millones por daño moral y el cese de los actos que califica como acoso laboral. En esta demanda, se señala que el deterioro de la relación entre ambos se profundizó en agosto de 2025, tras un desacuerdo relacionado con una licitación por más de $600 millones para obras en el recinto penitenciario de Angol.
Según la presentación judicial, la oficial cuestionó una resolución adoptada por el director nacional, al considerar que no cumplía con los requisitos legales, lo que habría generado tensiones internas y, posteriormente, medidas que afectaron su carrera.
Asimismo, la tutela laboral acusa la existencia de un “cuadro de violencia institucional”, que incluiría anotaciones de demérito, cuestionamientos a su desempeño y la aceleración del sumario administrativo en su contra, lo que, según la defensa, habría impactado sus posibilidades de ascenso.
Ambas acciones judiciales se encuentran actualmente en tramitación, a la espera de la resolución de los tribunales competentes.
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