Corte de San Miguel admite a trámite recurso contra contralora por solicitud de datos sensibles de menores trans
El tribunal estimó que la acción cumple los requisitos formales para su tramitación y solicitó a Contraloría justificar la necesidad de acceder a información sensible de los menores.
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió a tramitación un recurso de protección interpuesto contra la contralora general de la República, Dorothy Pérez, tras la solicitud de entrega de datos sensibles de niños trans al Ministerio de Salud (Minsal), en el marco de una fiscalización del uso de recursos públicos.
Según consignó Informe Especial, la acción fue presentada por un usuario de la Iniciativa de Apoyo a la Identidad de Género y del Programa de Salud Trans, quien sostiene que la solicitud vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y afecta su fuero interno.
En el escrito, el recurrente afirma que lo requerido por Contraloría “constituye una intromisión desproporcionada en mi vida privada” y solicita que cualquier información que eventualmente se entregue sea “estrictamente anonimizada, disociada e irreconocible”.
Estándares formales
Al analizar la presentación, la Corte estimó que el recurso cumple con los requisitos formales para su tramitación, aunque rechazó la orden de no innovar solicitada, que buscaba suspender los efectos del oficio emitido por la contralora.
De esta forma, el tribunal ordenó notificar a la Contraloría y le solicitó remitir un informe fundado en el que explique la necesidad de acceder a datos sensibles para auditar el uso de fondos fiscales.
Cumplido este trámite, el recurso será puesto en tabla y el tribunal deberá resolver si la actuación de Dorothy Pérez se ajusta a los estándares constitucionales.
Antecedente previo
En enero pasado, una acción de características similares fue presentada por la Corporación Be Yourself, pero fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En ese contexto, el Minsal analizó la instrucción administrativa y resolvió no entregar los datos solicitados, argumentando la existencia de leyes nacionales y tratados internacionales que resguardan los derechos de la infancia. Tras la negativa, la contralora reiteró la solicitud y advirtió que, de no cumplirse, podría ejercer sus facultades sancionatorias, incluyendo multas o la suspensión del cargo de la autoridad responsable.
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