Corte ordena indemnizar con $3 millones a joven que estuvo más de un año en prisión preventiva y fue sobreseído
El tribunal de alzada concluyó que el Ministerio Público incurrió en un actuar “injustificadamente erróneo o arbitrario” al mantener la medida cautelar sin nuevas diligencias que acreditaran la participación del imputado.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $3.000.000 por concepto de perjuicios a un joven que permaneció más de un año en prisión preventiva y que posteriormente fue sobreseído de manera definitiva por falta de pruebas.
En un fallo unánime, la Decimotercera Sala del tribunal de alzada —integrada por las ministras Carolina Vásquez y Claudia Lazen, y el ministro Patricio Martínez— revocó la sentencia dictada por el 25° Juzgado Civil de Santiago, que había rechazado la demanda, y estableció la responsabilidad del Estado por el actuar del Ministerio Público.
Según el fallo, el ente persecutor incurrió en “conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias” al mantener al demandante en prisión preventiva y formular acusación en su contra, pese a la debilidad de los antecedentes reunidos durante la investigación.
La resolución detalla que el 26 de mayo de 2018 se formalizó a Eric Díaz Salinas por seis delitos de robo con intimidación ocurridos en los sectores del cerro Manquehue y el cerro El Carbón. La imputación se basó principalmente en reconocimientos fotográficos con deficiencias y en la vestimenta que portaba al momento del control.
Sin embargo, el tribunal de alzada constató que, tras decretarse la prisión preventiva, no se realizaron diligencias relevantes para acreditar su participación en los hechos, ni se adoptaron medidas para revisar o sustituir la cautelar más gravosa, vulnerando los principios de objetividad e inocencia.
Asimismo, el fallo subraya que solo a solicitud de la defensa se revisó la prisión preventiva, mientras que el sobreseimiento definitivo fue dictado recién el 5 de marzo de 2023, evidenciando una prolongación injustificada de la medida cautelar.
Por estos antecedentes, el tribunal resolvió acoger la demanda presentada por Luis Fernando Veliz Villagra, ordenando al Estado pagar una indemnización de $3.000.000, más reajustes e intereses, por los perjuicios derivados de la privación de libertad injustificada.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.