Corte Suprema confirma condena a militar (r) por secuestro calificado de ciudadana uruguaya
Máximo tribunal ratificó pena de 3 años y un día contra ex teniente del Ejército como cómplice en el caso de Mónica Benaroyo Penco, detenida en Arica en 1973 y cuyos restos fueron hallados en 2008.
La Corte Suprema confirmó la condena contra un oficial del Ejército en retiro por su responsabilidad como cómplice en el secuestro calificado de la ciudadana uruguaya Mónica Cristina Benaroyo Penco, detenida en septiembre de 1973 en la ciudad de Arica. La decisión fue adoptada en fallo unánime por la Segunda Sala del máximo tribunal.
La sentencia (causa rol 42.758-2024) ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que condenó al ex teniente Juan Iván Vidal Olgueta a la pena de 3 años y un día de presidio. La sala estuvo integrada por los ministros Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada.
En su resolución, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la defensa al sostener que los hechos establecidos por los tribunales de instancia son invariables, salvo que exista una infracción grave a las reglas de la prueba, lo que —según el fallo— no ocurrió en este caso. El tribunal también desestimó los argumentos sobre eximentes de responsabilidad criminal, señalando errores de formulación en el recurso.
“El recurso en estudio no podrá prosperar”, concluye la sentencia.
La investigación judicial estableció que, tras el golpe de Estado de 1973, el Regimiento Reforzado N°4 “Rancagua” de Arica operó centros de detención y tortura a cargo del Departamento II de inteligencia militar. Según el fallo de primera instancia, Vidal Olgueta cumplía funciones de mando en esa sección.
Mónica Benaroyo Penco fue detenida el 14 de septiembre de 1973 por funcionarios de Investigaciones en el hotel Tynos de Arica. Tras pasar por dependencias policiales y la cárcel pública, fue liberada formalmente el 25 de septiembre de ese año. Sin embargo, testigos la ubicaron posteriormente detenida y sometida a torturas en instalaciones militares.
La mujer, de 48 años, era una refugiada política de nacionalidad uruguaya, de origen rumano, militante del Movimiento Tupamaros, de Uruguay; vivía en Arica y trabajaba en una fábrica local.
Sus restos óseos —sin la cabeza— fueron encontrados el 16 de julio de 2008 en un recinto militar en el sector Pampa Chaca Oeste. Informes del Servicio Médico Legal confirmaron su identidad y concluyeron que la muerte es sospechosa de criminalidad. El certificado de defunción, inscrito en 2010, consigna causa de muerte indeterminada.
El fallo reafirma la responsabilidad penal en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y cierra una etapa judicial iniciada décadas después de la desaparición de la víctima.
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