Defensoría de la Niñez alerta por impacto de expulsiones escolares y riesgo de exclusión educativa

La Defensoría de la Niñez, a través de su Observatorio de Derechos, alertó sobre una arista poco visibilizada del debate en torno a las expulsiones y cancelaciones de matrícula: el impacto que estas medidas disciplinarias tienen en las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes, y el consiguiente riesgo de exclusión escolar.

Según el análisis, entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 expedientes de expulsión o cancelación de matrícula en establecimientos educacionales del país, con un incremento sostenido en los últimos años. Al igual que en informes anteriores, se observa una alta concentración de estos procedimientos en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, así como en establecimientos emblemáticos, donde entre 2023 y 2024 los casos aumentaron un 62%.

El informe también advierte la aplicación de estas medidas en etapas tempranas de la trayectoria educativa. Entre 2022 y 2025 se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes de educación básica, desde 1° a 8° año, “lo que da cuenta de su uso en niveles donde la interrupción escolar puede tener efectos particularmente graves”, advierte el organismo.

La Defensoría recordó que, de acuerdo con reportes previos, un 12% de las y los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a matricularse en el sistema escolar durante 2023. Esta situación, señala el organismo, evidencia las consecuencias que estas sanciones pueden tener en la continuidad educativa y en el ejercicio efectivo del derecho a la educación, especialmente en adolescentes con trayectorias marcadas por desventajas acumuladas.

El análisis del Observatorio pone especial énfasis en los establecimientos que reciben financiamiento público, ya que los colegios privados no están obligados a informar estos procedimientos. En este marco, se identificaron focos preocupantes de uso reiterado, particularmente en liceos técnico-profesionales y establecimientos emblemáticos, con una afectación predominante en estudiantes de enseñanza media.

Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social, al deterioro de su bienestar y a la desvinculación de redes que hoy cumplen un rol clave como factores de protección”.

Frente a este escenario, la Defensoría reiteró la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar; monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar; fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de estos casos; y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos.

Finalmente, confirmó que el análisis ya fue remitido al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación.