Elizalde considera “inexplicables” sanciones a Muñoz y niega ocultamiento por cable chino

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió a su par de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras la sanción impuesta por Estados Unidos de revocarle la visa. Esto, por el proyecto de instalar un cable comunicacional entre Chile y China, movimiento que el país norteamericano consideró como una amenaza para la seguridad de la región.

Además de Muñoz, la medida afectó al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Por ello, Elizalde sostuvo que “el ministro fue explícito al señalar que esto estaba precisamente en etapa de estudio. Es la etapa en que se encuentra, porque efectivamente un acto administrativo se consolida —en este caso, por no ser un decreto exento— en el momento en que se toma razón por la Contraloría General de la República. Y esto ni siquiera se envió a la Contraloría General de la República”.

Asimismo, añadió que Muñoz “estableció que se estudiaran antecedentes adicionales sobre la base de la información que se le había proporcionado”. Lo anterior, para negar cualquier tipo de ocultamiento por parte del ministro de Transportes.

Sanciones injustificadas

Por ello, Elizalde calificó de “injustificables e inexplicables” las medidas impuestas por Estados Unidos. Esto, pues “no se había adoptado una decisión formal a través de un acto administrativo que así lo corroborara. Eso es un dato”.

Además señaló que la posición del país norteamericano debe ser respetada, pero que cualquier decisión que busquen tomar sobre el país “se evalúa en el marco de nuestra institucionalidad”. En esa línea, aseveró que “no se puede considerar como ofensivo que se diga: ‘Bueno, usted me ha propuesto este antecedente, lo tengo que verificar en el marco de mi propia institucionalidad’. Por eso nos parece que la decisión es injustificada”.

Asimismo, sostuvo que el proyecto estaba en una etapa preliminar. Además, nunca existió una decisión formal al no enviarse ningún decreto a Contraloría para la toma de razón. Y por último, que el Estado se encontraba analizando antecedentes en el marco de las instituciones nacionales.