Embajadora palestina en Chile acusa a Israel de acelerar una “anexión de facto” en Cisjordania
Vera Baboun advierte que nuevas medidas del gabinete de seguridad israelí vulneran el derecho internacional y amenazan la viabilidad de un Estado palestino.
La embajadora del Estado de Palestina en Chile, Vera Baboun, acusó a Israel de impulsar una ampliación de la “anexión de facto” en Cisjordania tras la aprobación de nuevas medidas por parte del gabinete de seguridad israelí, que —según sostuvo— aceleran la expansión de asentamientos y debilitan los acuerdos vigentes.
En una columna pública, la diplomática afirmó que las decisiones adoptadas el 8 de febrero introducen cambios jurídicos, administrativos y territoriales que afectan directamente los derechos de propiedad palestinos y la autoridad municipal. Entre ellos mencionó la eliminación de restricciones históricas sobre transacciones de tierras, la flexibilización de normas que impedían a colonos adquirir terrenos y la supresión de requisitos de aprobación para ventas inmobiliarias.
Baboun citó declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien señaló que el objetivo de estas políticas es “profundizar nuestras raíces en todas las regiones de la Tierra de Israel y enterrar la idea de un Estado palestino”.
Según la embajadora, las nuevas facultades permitirían aumentar demoliciones de viviendas e infraestructuras palestinas y facilitar la expansión de asentamientos en tierras confiscadas. También denunció el traspaso de la autoridad sobre permisos de edificación en Hebrón —incluida la Mezquita Ibrahimi— desde su municipio hacia la Administración Civil israelí, lo que, a su juicio, desmantela el Acuerdo de Hebrón de 1997.
La diplomática advirtió que un patrón similar amenaza a Belén, con medidas que podrían segregar la Mezquita Bilal bin Rabah y transferir su control administrativo, lo que calificó como una consolidación de soberanía impuesta por la potencia ocupante.
Cuestionamientos jurídicos
Baboun sostuvo que la ampliación de controles hacia las Áreas A y B —bajo jurisdicción civil palestina según los Acuerdos de Oslo— genera serias preocupaciones desde el punto de vista del derecho internacional. Afirmó que Cisjordania, incluida Jerusalén Este, sigue siendo territorio ocupado y que cualquier intento unilateral de alterar su estatus carece de efecto legal.
En su análisis, señaló que estas medidas podrían constituir un incumplimiento de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y una vulneración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Recordó además que la prohibición de adquirir territorio por la fuerza está consagrada en la Carta de la ONU y respaldada por resoluciones del Consejo de Seguridad que consideran ilegales los asentamientos.
La embajadora citó también la Opinión Consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que concluyó que la presencia continuada de Israel en territorio palestino ocupado es ilegal y debe finalizar.
Reacciones internacionales
Baboun afirmó que la preocupación ya se ha expresado en la arena internacional. Según indicó, Naciones Unidas ha reiterado que los asentamientos carecen de validez legal, mientras la Unión Europea ha advertido que estas decisiones alejan la posibilidad de paz. España, el Reino Unido y otros países habrían manifestado que las medidas ponen en riesgo la solución de dos Estados, y Estados Unidos habría reiterado su oposición a una anexión.
La diplomática agregó que el bloque árabe-islámico y la Organización para la Cooperación Islámica emitieron condenas contra lo que consideran una imposición de soberanía ilegal.
Llamado a acciones concretas
En su columna, Baboun vinculó estas decisiones con décadas de ocupación y con la situación humanitaria en Gaza, y acusó a la comunidad internacional de limitarse a condenas verbales sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
“La realidad ha demostrado que las condenas verbales ya no son suficientes”, sostuvo, señalando que la falta de acciones concretas permite la consolidación de hechos ilegales sobre el terreno y debilita los principios del derecho internacional.
La embajadora concluyó que los derechos del pueblo palestino “no son negociables ni aplazables” y que cualquier silencio adicional equivale a permitir la continuidad de las violaciones denunciadas.
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