Libertad vigilada y multa de 100 millones: exfuncionario de gobierno de Piñera es condenado tras fraude en pandemia
Se impuso penas de presidio en dos causas —las cuales fueron sustituidas por régimen de libertad vigilada intensiva— además de multas superiores a $105 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para Orlando Durán Ponce.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al exjefe de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud durante la pandemia, Orlando Andrés Durán Ponce, como autor de los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, cometidos en 2020 en el contexto de la implementación de residencias sanitarias durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En fallo unánime, el tribunal le impuso una pena de 900 días de presidio, la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos públicos por tres años y un día, y el pago de una multa de $102.793.152 por negociación incompatible y fraude al fisco frustrado. Asimismo, fue condenado a otros 900 días de reclusión, la misma sanción accesoria y una multa adicional de $2.400.000 por un segundo delito de fraude al fisco.
No obstante, el tribunal sustituyó el cumplimiento de las penas privativas de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, por el tiempo que duren las condenas, por lo que el condenado deberá presentarse ante Gendarmería y cumplir un plan de intervención supervisado.
Irregularidades en residencias sanitarias
El tribunal dio por acreditado que Durán intervino directamente en la contratación por trato directo de la empresa Hotel Clínico SpA como residencia sanitaria durante la pandemia, pese a tener un interés personal en el negocio.
Según la sentencia, el exfuncionario facilitó recursos económicos para que la empresa obtuviera una boleta de garantía exigida para contratar con el Estado y mantenía vínculos directos con los inmuebles utilizados como residencia sanitaria, varios de los cuales eran de su propiedad o arrendados por él.
Además, la investigación estableció que la empresa entregó información falsa sobre pacientes supuestamente alojados, incluyendo registros de personas que no correspondían a usuarios reales o que incluso habían salido del país antes del período informado.
El tribunal concluyó que estas acciones buscaban defraudar al fisco por más de $205 millones, aunque el pago no se concretó tras detectarse irregularidades en los registros y en la prestación de los servicios.
Contratación irregular y pagos indebidos
En una segunda arista, el tribunal acreditó que Durán facilitó la contratación a honorarios de su pareja, Alexandra González Silva, en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, pese a que no cumplía funciones reales en la división que dirigía.
Según el fallo, la profesional presentó informes falsos que permitieron el pago de $2.400.000 por labores no realizadas, configurando el delito de fraude al fisco.
Por estos hechos, González Silva fue previamente condenada en un procedimiento abreviado a penas de presidio que también fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva.
En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó a Durán pagar $2.400.000 al fisco por concepto de daño emergente derivado de pagos indebidos.
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