Este martes 17 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del denominado caso ProCultura.
Con esta decisión, el jefe regional mantiene su fuero constitucional y no podrá ser formalizado mientras no exista una nueva resolución judicial que lo habilite. La sentencia será comunicada posteriormente.
“En Santiago, a 17 de febrero del presente año, se comunica que el Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín. La redacción de la sentencia queda a cargo de la ministra señora Sandra Araya Naranjo”, se lee en el fallo.
La indagatoria se origina en el convenio suscrito en 2022 entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”, iniciativa que consideró recursos públicos por $1.683 millones. Según la Fiscalía, el traspaso se realizó sin licitación, en una sola cuota y pese a que la fundación no contaba con experiencia suficiente para desarrollar el proyecto.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostuvo en audiencias previas que el gobernador “abusó de su cargo” al autorizar el convenio, señalando que la organización beneficiada carecía de “capacidad, idoneidad, competencia y experticia”. De acuerdo con el Ministerio Público, tras el estallido del caso Convenios en 2023, más de $1.015 millones no habrían sido ejecutados ni rendidos conforme a lo establecido.
Por parte del abogado defensor, Ciro Colombara, dio cuenta que el convenio fue revisado por seis instancias e instituciones, destacando la masiva cantidad de personas beneficiadas.
En esa línea, sostuvo que la Fiscalía de Antofagasta “desconoce el trabajo del Gobierno Regional, lo plantea como una improvisación para defraudar al fisco, desconoce las normas legales aplicables a la transferencia de fondos, desconoce que se favoreció a más de 15.000 personas y que se cauteló el 100% de los recursos públicos mediante las pólizas de garantía y, por ende, no habrá perjuicio fiscal”.
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