Casi 90 mil en total: Gobierno destruye 22 mil armas y logra cifra récord

La administración de Gabriel Boric alcanzó un total de 89.810 armas destruidas, cifra que constituye un récord histórico desde 1990 en materia de eliminación de armamento.

Este jueves el Gobierno realizó un nuevo hito en la política de control de armas del país, con la destrucción de 22.803 armas de fuego en las instalaciones de Aceros AZA. El proceso incluyó pistolas, revólveres, escopetas, rifles y armas artesanales que fueron retiradas definitivamente de circulación.

Con esta jornada, la administración de Gabriel Boric alcanzó un total de 89.810 armas destruidas, cifra que constituye un récord histórico desde 1990 en materia de eliminación de armamento.

Las armas de fuego y otros elementos incautados o cuyo poseedor se desconozca pasan a dominio fiscal para su destrucción. También se consideran las armas entregadas voluntariamente. 

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la relevancia de este avance en materia de seguridad pública. “La destrucción de casi 90 mil armas eliminadas durante nuestro Gobierno, la cifra más alta desde 1990, es una señal clara. Son armas que salen definitivamente de circulación, que no llegarán a manos de delincuentes y que dejan de poner en riesgo la vida de las personas”, afirmó.

Vallejo participó del acto junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; y representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Aceros AZA.

“Este es un trabajo colaborativo en torno a la destrucción de las armas que se decomisan en el país, que se entregan voluntariamente o que son dadas de baja por las instituciones armadas”, manifestó Delpiano.

La destrucción del armamento forma parte del trabajo permanente de la Comisión Nacional de Material de Guerra, en coordinación con las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, con el objetivo de reducir la circulación de armas y fortalecer la seguridad en los barrios.

El operativo se desarrolló por la empresa siderúrgica chilena “Aceros AZA”, en el marco de un convenio establecido con el Estado. 

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El Periodista