Ley Lafkenche: cuando la protección se transforma en bloqueo

Por Ricardo Garcia Holtz, CEO Camanchaca.

Los medios advierten que más de tres millones de hectáreas del borde costero buscan quedar bajo la figura de ECMPO, una entelequia que se presta al aprovechamiento escandaloso de muchos por parte de pocos.

Esa superficie equivale a 30.000 km²: más que la superficie completa de la Región del Biobío. Pero a pesar de que desde 2010 solo 41 solicitudes han sido aprobadas, el proceso detiene y paraliza todo progreso posible en toda el área reclamada, por absurda que sea.

Seamos honestos: el problema no es el reconocimiento de los pueblos originarios, que sí tiene legitimidad, sino en cómo está diseñada la ley y en cómo esta es aprovechada por intereses extranjeros vinculados a filantro-ambientalistas que financian ONG locales para la paralización de la actividad económica al sur de Puerto Montt (la búsqueda del despoblamiento por decrecimiento).

Un buen ejemplo son los 13,6 millones de dólares enviados por David & Lucile Packard Foundation a FIMA, Terram, Observatorio Ciudadano y Oceana Chile.

Como la sola presentación de una solicitud de ECMPO suspende automáticamente todos los procedimientos en curso dentro del área, incluyendo permisos, concesiones, cambios de RCA, etc., se ha creado una fábrica de abogados litigantes que, respondiendo a dineros enviados desde el extranjero por multimillonarios, estimulan y promueven una actividad judicial paralizante.

¿Cuáles debiesen ser los cambios mínimos a la ley Lafkenche y al ordenamiento que regula las ONG?

▪️ Que la suspensión afecte solo a solicitudes posteriores que haya sobre el espacio solicitado, no a aquellas ya ingresadas.

▪️ Que la carga de acreditar el uso consuetudinario recaiga explícitamente en quien lo solicita, que debe entregar pruebas sólidas, delimitando con precisión la proporcionalidad entre el uso acreditado y el área pedida.

▪️ Que se entregue seguridad jurídica a todos los actores del territorio.

▪️ Que se garantice transparencia de los orígenes de los dineros de las ONG vinculadas a los procesos judiciales relacionados de una u otra forma a las solicitudes y reclamaciones.

El mar es un espacio compartido y en él conviven familias con culturas diferentes, algunas ancestrales, la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo y los servicios, y esa amalgama de intereses sí se puede armonizar con nuestra democracia republicana garante del bien común de los chilenos, pero sin aceptar la intervención de extranjeros financiando abogados litigantes que lacera nuestra soberanía.

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