Millonaria venta de Telefónica reabre historia de privatización de la empresa chilena en dictadura
El fin de la presencia de Telefónica en Chile revive uno de los procesos más controvertidos del régimen militar: la reestructuración y venta de la Compañía de Teléfonos de Chile, marcada por la intervención de la multinacional ITT, indemnizaciones millonarias y privatizaciones aceleradas a espaldas de la ciudadanía.
La reciente venta de las operaciones de Telefónica en Chile, concretada en 2026, marca el cierre de un ciclo empresarial que comenzó en los años finales de la dictadura militar. Detrás de esa historia corporativa se encuentra uno de los procesos más polémicos de privatización del período: el traspaso de la antigua Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), una empresa estratégica que pasó de manos estatales a capitales extranjeros en medio de controversias políticas y económicas.
Durante la dictadura (1973-1990), la CTC fue reestructurada como parte de un rediseño económico impulsado por el régimen. En ese contexto, la multinacional estadounidense International Telephone & Telegraph (ITT), que controlaba cerca del 70% de la empresa, jugó un rol clave. Documentos desclasificados de la CIA revelaron que ITT financió a sectores opositores al gobierno de Salvador Allende y participó en maniobras destinadas a desestabilizar a la Unidad Popular.
Tras el golpe de Estado de 1973, la junta militar gestionó indemnizaciones a favor de ITT estimadas en unos 125 millones de dólares, a lo que se sumaron compensaciones provenientes de la administración estadounidense de Richard Nixon. La empresa recuperó así recursos significativos mientras Chile iniciaba un proceso de venta de activos públicos que transformaría su estructura económica.
La CTC. entonces, quedó en manos del Estado desde 1971 hasta 1987 cuando pasó al Grupo Bond, de origen australiano.
Privatizaciones aceleradas
La CTC fue una de las compañías emblemáticas del ciclo de privatizaciones que incluyó también a Endesa, CAP, Entel, LAN Chile, Iansa y Soquimich. Según investigaciones posteriores, gran parte de estas ventas se realizaron sin estándares claros de transparencia y con escasa información pública.
La periodista María Olivia Mönckeberg documentó en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile que entre 1985 y 1990 decenas de empresas estratégicas fueron transferidas a grupos económicos emergentes. El proceso se aceleró antes del plebiscito de 1988 y se intensificó tras el triunfo del No.
En 2004, una comisión parlamentaria investigó las privatizaciones del período y concluyó que 725 empresas estatales fueron vendidas entre 1973 y 1990. Sin embargo, varios economistas sostienen que aún no existe una investigación exhaustiva sobre los precios de venta, los mecanismos de adjudicación ni los beneficiarios finales.
El economista Andrés Solimano ha señalado que muchas de esas operaciones siguen bajo una “zona de sombra” histórica. A su juicio, la concentración económica actual tiene raíces directas en esas transferencias patrimoniales realizadas en los últimos años del régimen.
El traspaso a Telefónica
Hacia fines de la dictadura y comienzos de la transición, Telefónica de España adquirió la mayoría accionaria de la CTC al Grupo Bond, consolidando la entrada de capitales europeos al mercado chileno de telecomunicaciones. La operación selló la desnacionalización definitiva de una de las infraestructuras estratégicas del país.
Durante décadas, Telefónica fue uno de los actores dominantes del sector, acompañando la expansión digital y la masificación de la telefonía móvil e internet. Su salida en 2026 no solo tiene implicancias empresariales: también reactiva el debate histórico sobre el origen de su presencia en Chile.
Debate pendiente
Analistas coinciden en que las privatizaciones de los años 80 siguen siendo un tema abierto en la memoria económica del país. Más allá del desempeño posterior de las empresas, persisten cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, la falta de fiscalización y la concentración de poder económico que se generó.
La venta de Telefónica cierra un capítulo comercial, pero reabre otro político e histórico: el de cómo se redefinió la propiedad de sectores estratégicos durante la dictadura y cómo esas decisiones siguen influyendo en la estructura económica chilena medio siglo después.
El debate sobre la herencia de ese período, lejos de agotarse, vuelve a instalarse cada vez que una de esas empresas cambia de manos.
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