“No ha cometido delito alguno”: Gobierno de Santiago valora rechazo a desafuero de Orrego

El Gobierno de Santiago valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó de manera unánime la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta contra el gobernador regional, Claudio Orrego, en el marco del Caso ProCultura.

A través de una declaración pública, el organismo manifestó su conformidad con la resolución judicial, señalando que esta ratifica que la autoridad regional “no ha cometido delito alguno” y permite “dar continuidad al trabajo institucional”.

Fallo unánime: Corte de Apelaciones rechaza desafuero de Claudio Orrego en causa ProCultura

Recordemos que la indagatoria se origina en el convenio suscrito en 2022 entre el Gore Metropolitano y la fundación ProCultura para la ejecución de “Quédate”, iniciativa que consideró recursos públicos por $1.683 millones. Según la Fiscalía, el traspaso se realizó sin licitación, en una sola cuota y pese a que la fundación no contaba con experiencia suficiente para desarrollar el proyecto.

Al respecto, desde el Gobierno de Santiago explicaron que el programa fue impulsado como una iniciativa orientada a la prevención del suicidio en la Región Metropolitana, en respuesta a una problemática prioritaria en materia de salud mental.

Asimismo, señalaron que, tras conocerse observaciones sobre su ejecución, se adoptaron medidas administrativas y judiciales para resguardar el interés público y esclarecer los hechos.

Acciones legales en curso

En la declaración, el Gobierno Regional informó que continuará ejerciendo acciones legales junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para exigir el cumplimiento de pólizas que, según afirman, la aseguradora ASPOR no ha pagado.

“Como querellantes en la causa reiteramos que lo más importante es que los hechos se esclarezcan a la brevedad y que se determinen todas las responsabilidades civiles y penales que correspondan”, señalaron.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la protección de los recursos públicos, asegurando que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para garantizar su restitución y resguardar el financiamiento de políticas sociales en beneficio de la ciudadanía.