ONGs llevan a la Suprema de Israel revocación de licencias y advierten “colapso humanitario” en Gaza

Decenas de organizaciones humanitarias internacionales anunciaron que recurrieron ante el Tribunal Supremo de Israel para frenar la revocación de sus licencias y el eventual cese de operaciones en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Las entidades solicitaron además una suspensión cautelar, advirtiendo que la aplicación de la medida podría provocar un “colapso humanitario” y un “daño irreparable” al derecho a la salud y a la vida de cientos de miles de palestinos.

Según explicaron, la decisión impugnada fue adoptada en diciembre de 2025 y se activó tras la notificación a organizaciones internacionales de que sus registros expirarían, abriéndose un plazo para cesar actividades. Algunas ONG alertan que las acciones para forzar cierres podrían comenzar el 28 de febrero, con un efecto “inmediato” sobre la asistencia en terreno.

Entre las organizaciones que respaldan la impugnación figuran 17 ONG, incluidas Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), además de redes como AIDA. Las entidades sostienen que en Gaza las familias continúan dependiendo de la ayuda externa por restricciones al ingreso de asistencia y el impacto de nuevas ofensivas en zonas densamente pobladas; mientras que en Cisjordania —incluida Jerusalén Este— señalan un alza de necesidades humanitarias asociada a incursiones, demoliciones, desplazamientos y violencia de colonos.

Qué exige Israel y por qué las ONG se niegan

El núcleo del conflicto, según las organizaciones, es la exigencia israelí de entregar datos personales y de contacto de miles de empleados locales, lo que —afirman— vulnera principios de minimización de datos y pone en riesgo la seguridad del personal en un contexto de conflicto. También alegan que convertir a ONG humanitarias en un canal de recopilación de información para una de las partes contradice el principio de neutralidad.

Las ONG que operan bajo normativa europea argumentan además que transferir esos datos a autoridades israelíes puede exponerlas a responsabilidades legales. En esa línea, citaron el precedente Schrems II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reforzó los límites para transferencias de datos a jurisdicciones donde no existan garantías y remedios efectivos equivalentes. (curia)

Impacto en la asistencia

Las organizaciones recalcaron que su trabajo sostiene una parte significativa del sistema de ayuda en Gaza, incluyendo asistencia alimentaria, operaciones de hospitales de campaña, refugio y distribución de artículos no alimentarios, además de programas críticos como tratamiento de desnutrición infantil, educación de emergencia y remoción de explosivos. A su juicio, el cierre forzado no solo afectaría a cada entidad por separado, sino a la capacidad global de respuesta humanitaria.

Argumentos legales: Oslo y Convenio de Ginebra

En su presentación, las ONG sostienen que la orden de cese sería una extralimitación administrativa, porque el mandato gubernamental se vincula a temas de registro y visados, no a la facultad de ordenar cierres generales. También invocan el Anexo Civil de los Acuerdos de Oslo, señalando que la competencia para registrar y gestionar ONG que operan en territorios bajo la Autoridad Palestina fue transferida a la parte palestina, por lo que Israel carecería de autoridad para ordenar el cierre.

Asimismo, citan el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, argumentando que la potencia ocupante debe permitir la continuidad del trabajo de sociedades de socorro y facilitar la asistencia humanitaria.

El caso queda ahora a la espera de la decisión del Tribunal Supremo israelí sobre la suspensión cautelar y el fondo del recurso, en un contexto en que la continuidad operativa de organizaciones internacionales en los territorios palestinos se encuentra bajo creciente escrutinio y nuevas exigencias regulatorias. (AP News)