Querella en Chile contra ex francotirador israelí-ucraniano por genocidio y crímenes de guerra en Gaza

La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una querella criminal ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para que se investigue y procese en Chile al ex francotirador del Ejército de Israel Rom Kovtun, a quien acusa de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

La acción judicial fue ingresada por el abogado chileno Pablo Andrés Araya Zacarías, del estudio Silva-Riesco Abogados, en representación de la organización, invocando la Ley 20.357 —que incorpora al derecho chileno el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional— y el principio de jurisdicción universal, debido a que el imputado se encontraría actualmente en territorio nacional.

Según la querella, Kovtun, de nacionalidad israelí-ucraniana, se desempeñó como francotirador en el Batallón 424 Shaked de la Brigada Givati, bajo la Brigada Blindada 401, durante operaciones militares israelíes en Gaza. El escrito le atribuye participación en el asedio y destrucción del Hospital Al-Shifa entre marzo y abril de 2024, hechos que habrían provocado devastación de infraestructura médica y la muerte de civiles, incluidos pacientes y personal sanitario.

El documento sostiene que el imputado habría intervenido en el cerco y control militar del complejo hospitalario, operando desde posiciones de francotirador en sus alrededores, contribuyendo a fuego letal sostenido e impidiendo la evacuación segura de civiles. También se le atribuye responsabilidad en condiciones que derivaron en muertes por falta de alimentos, agua, atención médica y acceso humanitario.

Tras la retirada de las fuerzas israelíes, se reportaron fosas comunes y graves daños en el mayor complejo médico de Gaza, antecedentes que la fundación considera constitutivos de ataques contra civiles e instalaciones médicas protegidas por el derecho internacional humanitario.

“El ataque y la destrucción de un hospital en funcionamiento durante un asedio militar golpean el núcleo del derecho internacional humanitario”, afirmó Dyab Abou Jahjah, director general de la HRF.

El abogado Araya sostuvo que Chile, al haber ratificado el Estatuto de Roma, tiene la obligación de impedir que acusados por crímenes internacionales encuentren refugio en el país. Expresó además su confianza en que el tribunal declarará admisible la querella y ordenará la apertura de una investigación.

Hasta ahora no se ha informado de medidas cautelares ni de una resolución judicial respecto de la admisibilidad de la acción. El Ministerio Público deberá evaluar los antecedentes para determinar si procede iniciar diligencias.