El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de la defensa de Cathy Barriga, y postergó en seis meses la realización de la audiencia de preparación de juicio oral en contra de la exalcaldesa de Maipú.
Lo anterior, para que la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic, pueda revisar toda la carpeta de investigación en profundidad.
En esa línea, el jurista afirmó que el Ministerio Público no le ha entregado copia integra de todos los antecedentes recabado durante la investigación. Por ello, “el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular (…) simplemente para tener la posibilidad de revisar toda esa documentación que no había sido entregada de forma oportuna”.
La exalcaldesa sostuvo que “me parece el tiempo prudente para que mi abogado pueda ejercer mi defensa”. Asimismo, emplazó a los medios de comunicación: “Cuando ustedes hablen de la querella de fraude al fisco que tiene hoy día el alcalde de Maipú, que es mi querellante, yo voy a conversar muy tranquila con ustedes”.
Momentos antes, durante su llegada, Barriga declaró que “la única forma de probar la inocencia es un juicio”. Su defensa le bajó el perfil a la instancia diciendo que “aquí no se va a resolver nada definitivo y hay que ser muy claro. Mientras no haya un juicio y una sentencia condenatoria, toda persona, incluida doña Cathy Barriga, se presume inocente”.
Qué piden los querellantes
Uno de los querellantes, el abogado José Pedro Silva, defensor de la Municipalidad de Maipú, afirmó a su llegada, que la defensa está pidiendo “cuestiones que no tienen mayor relación con la causa”, lo que tiene como objetivo retrasar el proceso judicial.
Barriga está acusada por la Fiscalía Oriente por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Por ello, el Ministerio Público solicita 23 años de cárcel. A lo anterior se le suma la acusación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien pide 37 años de presidio por haber provocado un perjuicio fiscal estimado de más de $32 mil millones.
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