Ripamonti defiende gestión tras informe de CGR: “A la gente había que entregarle las necesidades que tenían”
La alcaldesa afirmó que la magnitud histórica de la emergencia obligó a priorizar la ayuda inmediata a miles de damnificados, aun sin contar con todos los registros administrativos, y llamó a reformar la institucionalidad para enfrentar catástrofes.
La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a las millonarias irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el uso de recursos destinados a la gestión del megaincendio que afectó a Valparaíso, defendiendo la actuación del municipio y subrayando el contexto excepcional en que se tomaron las decisiones cuestionadas.
La jefa comunal sostuvo que es necesario dimensionar la magnitud de la tragedia para comprender la forma en que se desplegó la ayuda. “Aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas y se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar, sino para todo el país”, afirmó.
Ripamonti explicó que durante las primeras horas, días y semanas posteriores al incendio, la prioridad fue responder a necesidades básicas urgentes, aun cuando muchas personas habían perdido toda su documentación. “La gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos; no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”, señaló.
En esa línea, la alcaldesa recalcó que el propio informe de Contraloría da cuenta de una alta trazabilidad de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operativa de la emergencia. “Exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible. Nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros”, enfatizó.
Finalmente, Ripamonti planteó que el caso evidencia la necesidad de revisar y modernizar la institucionalidad para enfrentar incendios y catástrofes de gran escala. “Tiene que existir una forma de responder con mucha probidad y trazabilidad, pero sin perder de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas para entregar alimentos, el mundo privado llega primero y la credibilidad del Estado se pierde”, advirtió, apuntando que una situación similar se observa actualmente en los incendios del sur del país.
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