Solo 1% de los funcionarios investigados por licencias médicas irregulares ha sido destituido

El séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios de la Dirección de Presupuesto (Dipres) entregó nueva información en torno al uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

Según el reporte —actualizado hasta el 31 de diciembre de 2025— las instituciones del Gobierno Central informaron de 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas (lo que involucra a 29.270 funcionarios públicos) según antecedentes de la Contraloría General de la República (CGR).

Del total, 23.745 continúan en funciones, mientras que 5.525 ya no se encuentran trabajando en el servicio, por diversas razones y su salida pudo haber ocurrido antes del informe de Contraloría.

Sin embargo, pese a haber dejado sus cargos, 2.947 exfuncionarios continúan siendo objeto de sumarios administrativos, lo que eleva a 26.692 los casos que deben ser investigados formalmente.

Estado actual

Del total de funcionarios a investigar, 25.352 sumarios ya han sido instruidos, con 21.098 en curso, mientras que 4.254 han llegado a una resolución con pronunciamiento del jefe superior del servicio.

En 2.711 casos, las resoluciones se encuentran pendientes de ejecución o de cierre formal, ya sea por recursos presentados por los propios funcionarios u otras instancias administrativas.

De los 1.543 procesos completamente cerrados, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, 262 fueron destituidos, lo que equivale al 17% de los proceso cerrados y solo al 1% de los casi 27 mil funcionarios que deben ser investigados.

Además, 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura; 65 recibieron suspensión del empleo; y a 55 funcionarios se les aplicó una multa.

Impacto económico

El análisis de la Dipres también entregó una estimación del impacto fiscal producto de los casos investigados. La duración promedio de las licencias involucradas fue de 22,1 días y, considerando una remuneración bruta mensual promedio de $1,9 millones, se calcula que los funcionarios investigados recibieron $36.876 millones en pagos durante períodos de ausencia.

Cabe destacar que 1.009 funcionarios optaron por renunciar antes de que se instruyera un procedimiento disciplinario en su contra, lo que reduce aún más el universo de eventuales sanciones efectivas.

Finalmente, según los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría, 33% de los casos corresponden a salidas del país, 1% a atención de partos, 5% a emisores investigados penalmente, 5% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 21% a asistencia a casinos de juego y 35% a salidas del país en servicios regionales.

Previo a que la CGR revelara los viajes al extranjero de funcionarios públicos mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024, ya existían 5.182 funcionarios sumariados por mal uso de licencias médicas.

Del total de involucrados en estos casos, 4.061 corresponden a funcionarios que ingresaron al servicio a partir del 11 de marzo de 2022, frente a 23.667 funcionarios que ingresaron en administraciones previas.