
Subsecretaria de Seguridad Nacional de EEUU renuncia tras fuerte rechazo por muertes en Minnesota
Tricia McLaughlin, principal vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), deja su cargo en medio de la polémica por dos tiroteos en Minneapolis que provocaron protestas, críticas bipartidistas y cuestionamientos a las tácticas migratorias agresivas del gobierno de Donald Trump.
La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tricia McLaughlin, confirmó su salida del cargo tras intensas críticas a la administración del presidente Donald Trump por la gestión y comunicación de dos incidentes mortales en el estado de Minnesota. Su renuncia, prevista inicialmente para diciembre pasado, fue postergada y ahora se concreta en medio de un clima político enrarecido.
McLaughlin se había convertido en una de las voces visibles de la política de deportaciones masivas y acciones de control migratorio impulsadas por la Casa Blanca. Su papel como portavoz ha sido duramente cuestionado por legisladores y sectores de la sociedad por la defensa pública de operaciones que derivaron en la muerte de civiles, incluso después de que registros visuales contradijeran versiones oficiales iniciales.
Los hechos que alimentaron la polémica ocurrieron en el contexto de la llamada “Operation Metro Surge”, una masiva operación de agentes federales iniciada en diciembre pasado en Minneapolis y otras zonas de Minnesota. En el marco de este despliegue, al menos dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes federales durante enfrentamientos y redadas, lo que desató protestas ciudadanas y un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.
Además de las muertes, la operación condujo a miles de arrestos que, según funcionarios del Gobierno, estaban orientados a detener a inmigrantes indocumentados. Autoridades federales informaron la detención de más de 3 000 personas en el transcurso de estos operativos, una cifra que ha sido recibida con rechazo por organizaciones de derechos civiles y políticos de ambos partidos.
La postura oficial del DHS y del propio gobierno había sido calificar algunos de los incidentes como actos que ponían en riesgo a los agentes, mientras que críticos externos señalaron falta de transparencia y uso excesivo de la fuerza. El debate político escaló hasta el punto que miembros del Congreso impulsaron, en algunos casos, procedimientos para cuestionar la actuación de altos mandos del departamento.
La renuncia de McLaughlin marca un cambio en la estrategia comunicacional del DHS y se produce en un momento en que la administración enfrenta una caída en el respaldo público a sus políticas de inmigración más estrictas, así como investigaciones y audiencias legislativas que examinan la conducta de agentes federales durante los operativos recientes.
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