Fiscalía reitera solicitud de prisión preventiva para Larraín e imputados en ProCultura

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió suspender la audiencia que revisaba las medidas cautelares para los imputados del caso ProCultura. Por ello, una nueva instancia se dará inicio mañana a las 10:30 con el objetivo de comunicar la mantención de las medidas o su modificación.

Recordemos que la semana pasada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía para Alberto Larraín y otros tres imputados, quienes quedaron sujetos a arraigo nacional mientras dure la investigación. Hoy, en el tribunal de alzada, los querellantes insistieron en aplicar la medida cautelar más gravosa. 

El primero en presentar fue el fiscal Cristián Aguilar, quien hizo hincapié en la cercana relación del gobernador Claudio Orrego con el ex director de ProCultura, Alberto Larraín: “Son vínculos que datan por más de 10 años y son vínculos laborales, de amistad y políticos”.

“Orrego lo trataba como hermano. En tanto, el señor Larraín le daba un tratamiento, un relato al señor Orrego de líder. Se visitaron en sus casas, cenaron juntos, se reunieron en el extranjero, en un viaje que coincidieron en Argentina”, complementó.

Asimismo, acusó que fue Orrego quien propuso a la fundación para trabajar junto al Gobierno Regional Metropolitano (Gore). En esa línea, sostuvo que la autoridad “mantenía un vínculo de amistad, político y laboral” con Larraín.

“Él (Orrego) es quien propone la fundación, quien presenta la fundación ante el Consejo Regional, quien firma el convenio de transferencia de fondos y lo autoriza”, aseveró.

Además, acusó dolo en la actuación de María Teresa Abusleme y Constanza Gómez, ya que tenían conocimiento de que ProCultura recibía recursos fiscales. Por ello, el Ministerio Público les imputa fraude al fisco.

Por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), se expuso que “en la estructura de la fundación existía una concentración de poder y no existía un control externo (…) Todas las decisiones financieras se tomaban en conjunto entre Gómez y Larraín”.

Se añadió que “los coimputados, en algún momento, se encontraron con un déficit financiero que fue cubierto de manera sucesiva con dinero públicos (…) Ante el término anticipado del contrato, la fundación no pudo restituir tales fondos”.

En paralelo, durante la argumentación se presentó un chat que decía “con Aysén nos salvamos”, el cual, a consideración de los querellantes, era un mensaje que insinuaba cubrir déficit patrimoniales de la fundación con fondos públicos.

Los dichos de la defensa

El abogado de Larraín, Cristián Arias, sostuvo que la tesis de fraude al fisco que imputa el Ministerio Público no se sostiene. Esto, debido a la contratación de pólizas de seguro a Aseguradora Porvenir (Aspor) por parte del GORE.

Además, criticó los chats expuestos por Fiscalía, que revelaban un trato cercano entre Orrego y Larraín, los cuales no exponían ningún “acuerdo de voluntades para defraudar (…) ni para cometer un delito”. Asimismo, catalogó los mensajes como algo “fácilmente acreditable como coordinaciones laborales”.

También comentó que “estamos más cerca de una infracción contractual. Que haya una lesión o un perjuicio fiscal no es sinónimo de delito. Lesión patrimonial del fisco no es una presunción de fraude al fisco”.

Por otra parte, sostuvo que si hubiese habido interés de favorecer a la fundación, habrían existido numerosos tratos directos, cuando, hasta ahora, solo se han acreditado dos.

Cortas declaraciones

Luego de la decisión de suspender la audiencia, los abogados prestaron escuetas opiniones respecto al juicio. El fiscal Arias sostuvo que “hemos sido comunicados que la resolución será comunicada mañana a las 10:30, razón por la cual estamos a la espera. No tenemos otros comentarios que hacer al respecto”. Añadió que “todas las argumentaciones las hicimos valer ante el tribunal y esperamos la resolución el día de mañana“.

La defensa de ProCultura estuvo de acuerdo con la decisión. Esto, debido a la cantidad de antecedentes que se presentaron: “Es razonable que la Corte se tome un plazo para poder resolver esto de la mejor manera posible”.

Asimismo, se sostuvo que “hubo una repetición de lo que habría ocurrido ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Mas allá de lo que se refirió en esa oportunidad, la verdad es que no hay nuevos antecedentes que se puedan hacer valer”.

También hicieron énfasis en que la medida de arraigo nacional es la “única necesaria para los fines del procedimiento como lo planteo el juez en primera instancia. Los argumentos ya fueron vertidos y tenemos que esperar la resolucion de la Corte de Apelaciones”.

El abogado de Larraín fue directo: “La audiencia está suspendida y no puedo comentar nada porque estamos aun en ella, esperando la resolución”.