Administrador municipal de Ñuñoa Tomás Fuentes (RN) no cumplió suspensión tras condena por manejo en estado de ebriedad

Una  nueva polémica se abrió en la Municipalidad de Ñuñoa luego de que se conociera que su administrador municipal, el exdiputado de Renovación Nacional Tomás Fuentes, no habría cumplido una pena de suspensión de su cargo público tras ser condenado por conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo con una investigación publicada por La Tercera, Fuentes fue condenado el 25 de marzo de 2025 por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago luego de ser sorprendido manejando con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de octubre de 2024, cuando Carabineros lo fiscalizó mientras conducía un vehículo BMW por Avenida Padre Hurtado, en la intersección con Avenida Vitacura.

Según el expediente judicial citado por el medio, los funcionarios policiales detectaron que el entonces parlamentario presentaba signos evidentes de ebriedad, como fuerte hálito alcohólico, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar. El examen respiratorio inicial marcó 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que luego fue confirmada por la alcoholemia.

Suspensión que no se habría cumplido

La sentencia estableció una pena de 41 días de prisión en su grado máximo —sustituida posteriormente por remisión condicional— además de una multa de un tercio de UTM. Sin embargo, el fallo también incluyó una pena accesoria: la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo que durara la condena.

Esto implicaba que Fuentes debía ser suspendido por 41 días de su cargo como administrador municipal y dejar de percibir remuneraciones durante ese período.

No obstante, según consignó La Tercera, el funcionario continuó ejerciendo sus funciones y recibió su sueldo completo de manera ininterrumpida. En abril de 2025 —mes en que debía cumplir la suspensión— percibió una remuneración bruta cercana a los $8,1 millones, además de más de $1 millón en horas extras. En meses posteriores su sueldo bruto regular alcanzó aproximadamente $5,7 millones.

Incluso ese mismo mes participó en actividades municipales, lo que fue difundido en redes sociales por el propio alcalde Sebastián Sichel.

Posible responsabilidad administrativa

La normativa establece que cuando un tribunal condena a un funcionario público, la sentencia debe notificarse a la Contraloría General de la República, entidad que posteriormente comunica al servicio correspondiente para ejecutar la suspensión.

No obstante, la ley también obliga al propio funcionario a informar la condena a su superior jerárquico. El artículo 64 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado señala que las inhabilidades sobrevinientes deben ser declaradas por el funcionario afectado a su jefatura directa.

En este caso, el superior jerárquico de Fuentes es el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

Desde el entorno del administrador municipal sostienen que hasta ahora la Contraloría no ha notificado formalmente al municipio sobre la sentencia.

Fuentes anuncia devolución de remuneraciones

Consultado por La Tercera, Tomás Fuentes afirmó que desconocía la obligación de informar la condena a su superior jerárquico. Asimismo, señaló que restituirá los recursos correspondientes al periodo en que debió estar suspendido.

“Yo no estaba en conocimiento de que tenía la obligación de informar y este martes serán restituidos los fondos de los 41 días de remuneraciones”, indicó.

En paralelo, concejales de oposición en Ñuñoa analizan solicitar una sesión extraordinaria del concejo municipal para evaluar la situación y eventualmente impulsar su destitución, para lo cual se requeriría el apoyo de dos tercios del organismo.