Boric critica proyecto de conmutación de penas: “Los criminales tienen que estar donde tienen que estar”
El Mandatario cuestionó la iniciativa que permitiría reemplazar o suspender condenas a reos de edad avanzada o con enfermedades graves, advirtiendo que podría beneficiar a responsables de delitos de alta gravedad.
El Presidente Gabriel Boric criticó este jueves el avance en el Congreso de un proyecto de ley que busca conmutar o reemplazar penas de cárcel para personas privadas de libertad por motivos de edad avanzada, enfermedad terminal o discapacidad.
Durante una breve intervención, el Mandatario manifestó su preocupación por los efectos que podría tener la iniciativa, señalando que su aprobación “inevitablemente genera desencuentro”.
En esa línea, afirmó que “Chile ha avanzado mucho en materia de derechos humanos y de tener claro que los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos”.
El jefe de Estado recalcó que “la justicia no es venganza. La justicia es justicia”, subrayando que los delitos de alta gravedad requieren sanciones efectivas.
En ese contexto, Boric planteó que el proyecto, tal como está planteado, podría abrir la puerta a beneficios para responsables de crímenes especialmente graves. “Ojalá —y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas— se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres”, agregó.
Debate en el Congreso
La iniciativa en discusión busca establecer nuevas reglas para la suspensión de penas o modalidades alternativas de cumplimiento, considerando factores como edad avanzada, enfermedades graves o condiciones de discapacidad de las personas condenadas.
El Presidente ya se había referido previamente al tema a través de sus redes sociales, donde también manifestó su preocupación por eventuales retrocesos en materia de derechos humanos. Por ahora, el proyecto continúa su tramitación legislativa en el Congreso, en medio de un debate que ha generado posiciones divididas sobre el alcance de estos beneficios penitenciarios.
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